La Audiencia de Palma ha condenado a penas que van de 3 años y 3 meses a los 6 meses de prisión a 23 personas que estafaron a bancos y particulares mediante la suscripción de préstamos hipotecarios con documentos falsos y les obliga a pagar un total de 236.000 euros en multas e indemnizaciones.
El juicio se ha celebrado este viernes tras un aplazamiento de cuatro días en el que se ha ultimado el acuerdo de conformidad que ha supuesto una rebaja sustancial de las penas que inicialmente reclamaba la Fiscalía, que iban de los 9 años y 4 meses de cárcel para el cabecilla de la trama a los 3 años para los acusados con una participación más leve en los hechos.
Además, se ha retirado la acusación contra cuatro de las personas que en principio iban a sentarse en el banquillo.
Los hechos juzgados ocurrieron entre 2005 y 2007, cuando un exdirector de una oficina bancaria con conocimientos en materia comercial y financiera creó una trama para gestionar para terceros la obtención de préstamos hipotecarios y beneficiarse con ello.
Suscribían hipotecas valiéndose de documentación manipulada previamente para aparentar una mayor solvencia.
La organización funcionaba principalmente por dos vías: buscando personas que se prestaran a figurar como compradores de viviendas y prestatarios de las hipotecas a cambio de cierto dinero, actuando como testaferros; y utilizando a demandantes reales de viviendas que por su situación economía tenían difícil acceder a préstamos.
En algunos casos obtenían beneficio ilícito de la diferencia entre el precio de compra de las viviendas adquiridas mediante testaferros y su venta a un precio más elevado, y en otras ocasiones se quedaban con la diferencia entre el precio real de la vivienda y la cantidad superior solicitada en el préstamo alegando la necesidad de reforma.
En cuanto a los afectados a quienes realmente interesaba la compra, gestionaban la formalización de hipotecas por importes muy superiores al de la vivienda, justificándolo con supuestas reformas, pero les engañaban y no les entregaban el importe de dicha diferencia alegando múltiples gastos de gestión.
Por estos hechos, el cabecilla de la trama, antiguo dirigente de una asociación vecinal de Palma que se encuentra ya en prisión por otros delitos de estafa, ha sido condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por estafa y falsedad continuada, a 2.379 euros de multa y a hacer frente a elevadas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.
Otras siete personas han admitido que cometieron los mismos delitos y han sido sentenciadas a dos años de prisión, una multa de 1.464 euros cada una y las correspondientes indemnizaciones. En otros dos casos las penas por delitos similares pero de menor gravedad han sido de 1 año y medio de cárcel y de 1 año y cuatro meses, respectivamente.
Los trece condenados restantes han admitido que falsificaron documentos y han sido condenados por ello a seis meses de prisión en cada caso, más sendas multas de 1.830 euros.