El Partido Popular de Menorca realiza una satisfactoria valoración de la propuesta de modificación del Reglamento de los Incentivos Regionales, aprobada por el Consejo Rector, así como la nueva delimitación que incluye la comunidad autónoma de Balears.
La diputada Asunción Pons, portavoz del PP en la Comisión de Economía del Parlament, explica que estos cambios son necesarios para adaptar la normativa española al nuevo marco de la Unión Europea en materia de ayudas para el periodo 2014-2020.
Además de la inclusión de las Illes Balears y La Rioja, que a partir de ahora podrán recibir estas ayudas, la modificación también incorpora un incremento de las aportaciones dirigido a las pequeñas y medianas empresas.
La parlamentaria autonómica menorquina indica que estos incentivos regionales son las ayudas financieras que concede la Administración del Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial en zonas previamente determinadas.
Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales.
Las nuevas directrices de la UE en materia de ayudas regionales, indica Asunción Pons, han supuesto la asignación a España de un mayor porcentaje de población asistida, lo que ha permitido incorporar las Balears y La Rioja, comunidades que no contaban con ninguna zona protegida en el anterior mapa 2011-2013.
A partir de ahora estas dos regiones se beneficiarán del sistema de ayudas de incentivos regionales. El Govern balear había reclamado que las Balears pudieran acogerse a estas aportaciones, lo que se ha conseguido después de valorar los indicadores de renta.
Entre las novedades, sobresale la inclusión de mayores ayudas para las pymes; un incremento de la inversión mínima exigible, para que las comunidades autónomas puedan atender las de menor cuantía; potenciar el carácter innovador de los proyectos (serán subvencionables las inversiones en activos inmateriales, los derechos de patentes, licencias y know how); y facilitar el cobro anticipado de las ayudas, rebajando el importe mínimo de subvención para acceder a las liquidaciones a cuenta parciales, manteniendo la exigencia de aval.