Del 1 de enero a 31 de octubre de este año es la Conselleria de Turisme ha realizado 5.084 actuaciones, de las que 123 pertenecen a actas de infracción. Este resultado es muy similar al de los años anteriores, incluso ligeramente inferior. Los inspectores de turismo levantaron 187 actas en 2012; 257 en 2013 y 126 el año pasado.
En los últimos tres años pasados, las multas por infracción turística no alcanzaron el millón de euros. Sin embargo, las cifras de este año aún se desconocen ya que los expedientes no se cierran hasta el final del ejercicio.
Cabe tener en cuenta que los afectados por un acta de infracción cuentan con un margen para poder subsanar los errores detectados, por lo que las cifras pueden variar a final de año.
En cualquier caso, el objetivo del actual equipo de la Conselleria de Turisme es modificar e intensificar el plan de inspección de cara al próximo verano, como ya anunció el vicepresidente Biel Barceló en la World Travel Market de Londres. La directora general de Turisme, Pilar Carbonell, explicó que se está elaborando un plan de acción en colaboración con la Agencia Tributaria de Balears (ATIB) para erradicar o, al menos, disminuir, la oferta ilegal.
Carbonell explicó que de cara al nuevo plan que preparan se incluirán inspecciones en los rent a car, la oferta del 'todo incluido' y las party boat, entre otros. Además, también se realizarán acciones en locales de restauración y de ocio con el objetivo de «potenciar el turismo de calidad».
Una de las normativas más controvertidas que se esperan del nuevo Govern, con permiso del impuesto del turismo sostenible, es la regulación del alquiler vacacional que incluya los pisos y que elimine las restricciones a la comercialización online. Los hoteleros son partidarios de dejar la normativa actual, mientras que para los expertos jurídicos es un grave error que existan múltiples regulaciones autonómicas distintas, algo que también ocurre con los criterios de clasificación hotelera. Varias comunidades ya han abordado esta necesidad con normativas de los más variopintas. Las cuestiones más polémicas de este cambio legislativo son, en primer lugar, si para alquilar una vivienda turística habrá que contar con el permiso (o la no prohibición de la actividad) de la comunidad de vecinos, e incluso cómo va a ser este trámite: si hará falta unanimidad para permitir el alojamiento vacacional privado, o cómo tendrán que ser las mayorías. http://ultimahora.es/noticias/economico/2015/11/13