El Defensor del Pueblo ha denunciado que algunas comunidades, como Catalunya o Balears, están adoptando una normativa que «cercena de manera injustificada» la libertad de los propietarios particulares para ofrecer sus viviendas como alquiler turístico.
En el informe anual del Defensor del Pueblo 2015 difundido este jueves, la institución advierte de que la actual regulación del mercado de alquiler de viviendas permite que las comunidades autónomas sean las que legislen sobre la materia.
En concreto, el Defensor del Pueblo se ha referido a la multa de 6.000 euros que la dirección general de Turismo de Catalunya impuso a un propietario por omitir el trámite de declaración responsable.
También ha destacado la normativa de alquiler turístico de Balears, que impide a los propietarios de apartamentos alquilarlos con fines turísticos, salvo que cedan dicha explotación a la empresa que comercializa el resto de unidades del edificio.
El Defensor del Pueblo cree que «no se aprecian razones de interés general» para esta normativa, y ha recomendado que en estos supuestos se permita a los particulares ofertar sus inmuebles como alquiler turístico «sin más restricciones que las establecidas a las empresas».
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