El Consell de Govern aprobará este viernes el proyecto de ley de la nueva Oficina Anticorrupción, una iniciativa prácticamente pionera en España y que durante varios días se rumoreó equivocadamente que podría suponer el digno colofón a la trayectoria de Esperança Camps en el Ejecutivo. No lo siente así la consellera, quien ayer se mostró esperanzada en poder poner en marcha este nuevo servicio público, que ha estado gestando, antes del verano.
El proyecto, que toma como modelo la Oficina Antifrau de Catalunya, «aunque con menos recursos», ha sido elaborado en coordinación con el conseller de Presidencia, el también menorquín Marc Pons. Se trata, dice, de una ley «muy trabajada, modélica», que responde al «compromiso de los partidos progresistas por combatir la corrupción, aunque sin tantos casos como estos años también habría sido necesaria».
La oficina tendrá una triple función investigadora, preventiva y de formación y podrá atender cualquier denuncia relacionada con la ética pública que afecte a la administración autonómica y sus entes, el Parlament, la Sindicatura, el Consultiu, la Agencia Tributaria, IB3, los consells insulares y los ayuntamientos.
Para preservar su autonomía, dependerá del Parlament y tendrá un director elegido por tres quintas partes de la cámara. Podrá nombrar a un adjunto y, aunque en principio no se prevén delegados insulares, «se desplazará a otras islas si lo requiere el caso». Actuará de oficio, ante conductas que estime sospechosas, y llevará a cabo inspecciones. Claro que cualquier funcionario o ciudadano podrá dirigírsele para denunciar el proceder de una administración, con la garantía de que se actuará de forma «confidencial para preservar su identidad».
Cuando el fiscal o la Justicia tomen cartas en el asunto, no deberá interferir en su investigación de forma paralela sino, al contrario, «interrumpir la que esté llevando a cabo y actuar con colaboración y respeto, poniendo en su conocimiento todo aquello que haya averiguado».
Director y confidencialidad
Esperança Camps pidió ayer que los grupos parlamentarios no polemicen en exceso sobre el nombramiento del director de la oficina para no reincidir en el mismo error de cuando se eligió al director general de IB3. «No podemos correr el riesgo de tener que esperar también en este caso», así que «estaría bien que el servicio pudiera arrancar antes del verano».
Sobre la excesiva demora en la tramitación de la ley, Camps valoró que «más que correr importaba tener un buen texto. Ahora, la ley entra en el calendario parlamentario, donde existe cierto colapso. Y eso es bueno, porque demuestra que trabajamos y tenemos muchas cosas que cambiar».
de la mayoría parlamentaria.