El pleno del Parlament ha aprobado este jueves la ley de evaluación de impacto ambiental que deroga la que pretendía construir un campo de golf en Son Bosc, amplía S'Albufera, prohíbe las «party boats» en espacios protegidos y establece una moratoria para construir en núcleos urbanos sin alcantarillado.
La ley, que actualiza la de 2006 y se adapta a la estatal y europea, ha contado con el apoyo, en la mayoría de sus puntos, de todos los grupos parlamentarios, con excepción del PP, que se ha mostrado contrario al «fondo» de la normativa.
La moratoria de alcantarillado, que ha protagonizado parte del debate parlamentario, resulta de una enmienda del PI aceptada por la mayoría de los grupos parlamentarios, con excepción de Gent per Formentera y Podemos, al considerar que agrava el conflicto ambiental de las urbanizaciones sin «clavegueram».
La moratoria permite a los ayuntamientos otorgar licencias urbanísticas en núcleos urbanos sin red de alcantarillado con la obligación de implementarla por etapas en un plazo máximo de seis años, con el fin, entre otros, de avanzar en la solución del problema y para incentivar el sector de la construcción.
«Hoy es un día feliz y alegre», ha dicho durante la presentación de la ley en el pleno el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, quien ha destacado el refuerzo proteccionista de la normativa.
Ha subrayado que la ley pone «remedio a un despropósito» como era hacer «una legislación vergonzosa» que tenía como «único objetivo» construir un campo de golf en Son Bosc, zona incluida inicialmente en el parque natural de la Albufera, y que ahora la ley prevé ampliar.
La normativa incrementa las medidas preventivas, correctoras y sancionadoras, recoge «la espectacularidad de las Balears» en cuanto al paisaje y los principios internacionales de protección, da «claridad y seguridad jurídica» e incentiva la «transparencia», ha defendido Vidal.
Modifica la ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) y actualiza las regulaciones de su uso público, con lo que el Govern podrá autorizarlos de forma directa.
Este ha sido uno de los principales puntos de crítica del PP, cuyo diputado Biel Company considera que con esta modificación de la LECO se «desprotege», en alusión a que se permitirá el acceso limitado de personas para el disfrute de la playa en el camino de Ternelles.
«Es vergonzoso, eso es invadir», ha defendido Company, para quien la normativa es «muy técnica» e «incrementa la burocracia» en lugar de simplificarla, mientras «no protege más» el territorio.
El diputado de Podemos David Martínez ha apuntado que la moratoria sobre alcantarillado «contradice la directiva europea», ha sido «poco meditada» y «agrava el problema medioambiental», por lo que la ha calificado de «parche» cuando «el reto es dar una solución» a las construcciones sin red de saneamiento.
A ello ha replicado Josep Melià, del PI, quien ha negado que la moratoria incumpla la normativa europea, y ha criticado el 'no' de Podemos sin presentar una alternativa.
Melià ha cuestionado también la reducción de la protección en las zonas de exclusión, como Ternelles, denunciado por los ecologistas, y el aumento de los tiempos de tramitación de la ley.
En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de Ciudadanos Olga Ballester, quien ha apuntado la «excesiva burocracia» de la normativa, y «el compromiso firme» que debe suponer la moratoria para los ayuntamientos de llevar a cabo las obras de alcantarillado. La diputada de Gent per Formentera Silvia Tur se ha posicionado junto a Podemos en el no a la moratoria porque «nadie se cree» que el Govern sancionará a los ayuntamientos y que éstos cumplirán los plazos, ha dicho.
«Se acaba la fiesta en Formentara vía 'party boats'», ha dicho Tur, para celebrar que la normativa prohíba este tipo de embarcaciones en los espacios naturales protegidos como Ses Salines. Los grupos afines al Govern PSIB, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han defendido por su parte la inclusión de la moratoria en la ley
El diputado socialista Damià Borràs ha insistido en que la misma busca «dar alternativas» a los ayuntamientos con el fin de que obtengan ingresos, vía autorización de licencias urbanísticas, para llevar a cabo las obras de saneamiento, mientras se incentiva la economía local con el impulso de las pymes que se dedican a la construcción.
«Ahora resulta que el PP es más proteccionista que nadie. Por sus obras los conocerás», ha asegurado Borràs para responder a las críticas populares sobre desprotección de la normativa.
Para la diputada de MÉS per Mallorca Joana Maria Campomar, que ha alabado la ampliación de s'Albufera y ha aclarado, sobre el camino de Ternelles, que se trata de usos autorizados, «no hay una solución perfecta», pero la moratoria puede ser una manera de «llevar a los ayuntamientos a solventar el problema de las fosas sépticas».
«Nos encaminamos hacia la solución final», ha dicho sobre la moratoria la diputada Patricia Font, de MÉS per Menorca.