La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ratificó este jueves en un juzgado que su departamento detectó numerosas irregularidades en la subvención concedida a una asociación que atendía un piso destinado a mujeres en riesgo de exclusión social. Santiago declaró como testigo por unos hechos que se produjeron durante su anterior mandato al frente de la Conselleria, durante el Govern de Francesc Antich en 2011.
La Federación de Asociaciones de Gays, Lesbianas y Transexuales recibió para el año 2010 y el 2011 subvenciones por valor de 120.000 euros. De esa cantidad cobró en torno a 30.000 euros que no justificó de forma adecuada.
Santiago declaró que el proyecto que tenían los dos promotores de la organización era el de un piso para intervención psicosocial de trabajadores sexuales y mujeres en riesgo de exclusión. Sin embargo, en el año 2010 la Conselleria comenzó a recibir quejas de trabajadores del centro por impagos que derivaron a los juzgados de lo Social. Después llegó la denuncia de cuatro de las usuarias del centro.
Santiago confirmó que las mujeres les contaron que apenas les daban comida, que las humillaban delante de sus hijos, que entraban sin permiso a las habitaciones y situaciones como una fiesta privada en el piso en las que las utilizaron como camareras. La Administración comprobó lo que ocurría en la vivienda y se constató que no se llevaban a cabo las terapias para las que habían recibido la subvención. Se pidió que justificaran los gastos y el pago de nóminas y, como no lo hicieron, se les exigió que devolvieran unos 28.000 euros.
Los dos responsables de la asociación fueron detenidos en el año 2011 por la Policía Nacional. La causa ha estado paralizada varios años en el juzgado hasta que el nuevo titular la ha retomado.