La Sindicatura de Comptes, que preside Joan Rosselló, órgano que se encarga de fiscalizar la situación financiera de toda la Administración autonómica, destaca en su informe referido al ejercicio de 2014 y que hizo público este jueves, el último que completó el Govern que presidió el popular José Ramón Bauzá durante la pasada legislatura, el dato facilitado por la propia Abogacía en la que se indica que «existen riesgos por litigios pendientes de sentencia firme en concepto de responsabilidad patrimonial y de otros, al meno, por un importe de 293 millones de euros».
De momento, la Abogacía tiene consignada una provisión de fondos por un importe de 33,9 millones de euros «de acuerdo con el criterio de dotar únicamente las reclamaciones con una primera sentencia desfavorable».
Aunque el informe de la Sindicatura no detalla el origen de estas reclamaciones, todo indica que el grueso de estas previsibles indemnizaciones corresponden a proyectos urbanísticos fallidos por su desclasificación, circunstancia que genera la interposición de recursos para tratar de obtener una indemnización por parte de los promotores.
Además del urbanismo, la sanidad pública también genera numerosas peticiones de indemnización. En este sentido, cabe destacar que la propia Abogacía admite que en el ejercicio de 2014 tuvo que reservar esos casi 34 millones de euros para poder hacer frente a fallos judiciales adversos a los intereses de la Comunitat.