La portavoz adjunta de Podemos, Laura Camargo, ha pedido al grupo parlamentario popular que retire la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Vivienda de Baleares en el pleno de este martes, porque «si no lo hacen, nos veremos obligados a exponer su actuación criminal, injusta y contraria a los derechos humanos en materia de vivienda durante esta legislatura y durante todo el tiempo que el PP ha gobernado en las Islas, y también ahora en el Estado».
En rueda de prensa, Camargo ha afirmado que el PP «representa todo lo contrario de lo que la ciudadanía de las Islas necesita para tener un acceso justo a un bien fundamental como es el derecho a la vivienda».
En este contexto, la diputada de Podemos también ha criticado que el PP de Mariano Rajoy «mantenga una ley de desahucios declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ir contra los derechos fundamentales y la dignidad de la persona».
Según ha señalado, «Rajoy prefiere pagar una multa de casi 106.000 euros por violar los derechos fundamentales en materia de vivienda de la ciudadanía que no hacer una ley que sea justa y que pueda garantizar este derecho fundamental».
En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz adjunta del grupo socialista, Bel Oliver, quien ha respondido a las críticas de «encefalograma plano» realizadas por el PP por la gestión del Govern en materia de vivienda. «La gestión del PP fue menos que cero, porque lo poco que hizo en este ámbito fue vender un solar dedicado a vivienda protegida», ha censurado al respecto.
En opinión de Oliver, la enmienda a la totalidad denota que el GPP está «desnortado» y que «no cree en políticas pública de vivienda y por eso no lo abordan de ninguna manera», ha constatado.
La diputada socialista ha defendido que la futura normativa «es un instrumento esencial que implicará un aumento del 30% del parque de vivienda pública en Baleares».
Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha manifestado que no se entiende que el PP haya presentado una enmienda a la totalidad porque «no hizo nada para solucionar este problema durante los pasados cuatro años de legislatura, y lo único que se dedicó fue a vender patrimonio público en vez de hacer vivienda pública».
La diputada econaciconalista también se ha preguntado «qué se esconde detrás de esa enmienda y si es una excusa para justificar un posible recurso al Constitucional, como ha hecho con otros territorios con otras leyes que trabajan por la ciudadanía».
Campomar ha definido la futura normativa como «una de las leyes más importantes de los 'Acords pel canvi', con la que se quiere hacer frente «a uno de los problemas más graves que tienen las personas; que es el acceso a la vivienda».
Según la diputada de MÉS per Mallorca, lo que pretende esta ley es poner instrumentos para que las administraciones públicas «puedan trabajar a favor de las personas, no como el PP, que utiliza estos instrumentos jurídicos para trabajar a favor de grandes especuladores inmobiliarios y grandes eléctricas».
Por último, Camponar ha recordado que esta ley cuenta con un «amplio apoyo de los partidos que conforman los 'Acords pel canvi'» y ha explicado han presentado 45 enmiendas conjuntas para mejorar la ley, aparte de las que han presentado cada uno, y que «recogen muchas demandas sociales y de colectivos que han trabajado para dar respuesta al acceso de una vivienda digna», ha apostillado.