El Parlament balear ha aprobado este martes una iniciativa de Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca por la que la cámara legislativa pide al Gobierno central que «garantice» la sostenibilidad del actual sistema de pensiones y que los partidos defiendan en la mesa del Pacto de Toledo la rebaja de la jubilación a los 65 años de edad.
La proposición no de ley ha sido aprobada con el apoyo de los partidos de izquierda y el apoyo parcial del resto de partidos. Con esta iniciativa, Podemos y Més han denunciado el «objetivo» del ejecutivo de Mariano Rajoy y del PP de «desacreditar» el sistema público de pensiones.
El PSIB-PSOE ha introducido una enmienda con la que se propone que, para equilibrar el sistema, se contemple la posibilidad de aprobar «nuevos impuestos extraordinarios» a la banca y a las transacciones financieras.
Durante su intervención, el diputado de Podemos Carlos Saura ha echado en cara al presidente del Gobierno que haya invitado a los ciudadanos hace tan solo unos días a que «se acostumbren a ahorrar», cuestionando así un sistema que es «viable», pero que el PP «pretende privatizar (con planes ahorro privados) para favorecer a sus amigos».
Podemos ha lanzado un llamamiento a toda la ciudadanía del Estado para que se organice y secunde una «primavera de movilizaciones» para demandar unas pensiones dignas, luchar contra la desigualdad y la precariedad.
Tanto Saura como el diputado de MÉS per Mallorca Antoni Reus han defendido que las pensiones «se pueden asegurar perfectamente» y que la conservación del sistema es «únicamente» una cuestión de «voluntad política» para que los ciudadanos disfruten de unas «pensiones dignas para disfrutar de sus últimos años de vida».
Ambos partidos han defendido con esta iniciativa la modificación del impuesto de sociedades, potenciar los impuestos sobre las rentas de capital financiero -los bancos-, la lucha contra el fraude fiscal, la creación de impuestos finalistas por aumento demográfico o contribución de solidaridad, o un IVA social, modificar el IRPF y gravar más las rentas más altas.
De hecho, han subrayado, un aumento de la presión fiscal de 1,2 puntos entre 5 y 10 años supondría una recaudación de 12.500 millones de euros.
La iniciativa política constaba de seis puntos en los que se plantea al Gobierno que «avance» hacia una legislación laboral que elimine la precariedad y disminuya el paro.
También se pide al ejecutivo central que vuelva a fijar un «tope» del dinero que puede emplear cada año de la «caja de las pensiones» del Estado, una medida suspendida en el año 2012 por el PP.
Además, la propuesta plantea la revisión con «criterios de igualdad de género» del listado de trabajos de naturaleza «penosa» que puedan acogerse a la jubilación anticipada, como en el caso de las camareras de piso.
El Parlament balear, se afirma en esta iniciativa, insta al Gobierno a que ponga en marcha los mecanismos para evitar que comunidades como Baleares tengan las pensiones más bajas del Estado, para lo cual plantea revalorizar las pensiones no contributivas y las más bajas.
Los partidos del Govern han criticado la decisión del ejecutivo central de subir las pensiones este año tan solo en un 0,25 %, lo que la diputada del Grupo Mixto Xelo Huertas ha calificado de «ofensa para los pensionistas».
Desde el PP, el diputado Santiago Tadeo ha reconocido que las pensiones son un asunto que «interesa a todos» y ha coincidido en que «no se puede dejar caer» el actual sistema.
Los populares han defendido sin éxito una enmienda en la que proponía «la necesidad de llegar a los acuerdos necesarios» en el seno del Pacto de Toledo.
Además, Tadeo ha criticado la «demagogia» del PSOE porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «congeló» las pensiones en 2010 durante cuatro años, a pesar de la oposición del PP. También le ha echado en cara a Podemos que apoye al Govern balear, que tiene la tasa impositiva del IRPF que «más castiga» a las clases medias y bajas» de Baleares.
Por su parte, el diputado socialista Enrique Casanova, ha respondido al PP que lo que hay que «defender» es el sistema público de pensiones y no «acabar con él poco a poco».
Casanova ha lamentado que educación, salud y asuntos sociales son las tres materias que el Gobierno del PP se está «cargando» con sus políticas, lo que supone «romper con el estado social de bienestar.