El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, y el portavoz de Aliança Mar Blava, Carlos Bravo, explicaron este miércoles las alegaciones que han presentado al anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en relación a la posibilidad de realizar autorizaciones de explotación y explotación de hidrocarburos.
Las alegaciones han sido presentadas por Aliança Mar Blava como plataforma compuesta por más de 120 entidades de la sociedad civil, del sector privado y de la propia Administración pública.
Si bien el anteproyecto de ley plantea que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de exploración de hidrocarburos en relación a las aguas territoriales de España, 12 millas, «no incluye esa prohibición a todo el territorio marino en el que el Estado puede ejercer competencias, que, en este caso, podría llegar a las 200 millas», explicó Carlos Bravo.
Además, señaló el portavoz de Aliança Mar Blava, «el anteproyecto de ley permite que estén activos hasta 2040 los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se ubiquen en el mar territorial. La actual redacción del texto legislativo no resulta en absoluto coherente con la supuesta voluntad del Gobierno central de apostar por una urgente y profunda descarbonización de nuestro sistema energético, para lo cual es necesario abandonar lo más rápidamente posible nuestra dependencia de los combustibles fósiles».
Asimismo, Aliança Mar Blava y la Conselleria de Medi Ambient piden al Gobierno central que no vete la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley aprobada por unanimidad del Parlament para la protección del Mediterráneo español de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. Cabe recordar que una primera iniciativa legislativa balear fue vetada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
Finalmente, Mar Blava y Medi Ambient también han solicitado al Gobierno que no autorice la prórroga de 10 años solicitada por Repsol para una de sus concesiones de explotación de hidrocarburos frente a las costas de Tarragona, que caduca el próximo 27 de diciembre.