La última ley autonómica de la legislatura, una de esas leyes que la mayoría que sostiene al Govern califica de pioneras porque se anticipa a la legislación estatal, ya esta lista para su aprobación: la ley del cambio climático.
El dictamen final, es decir el texto que se debatirá en el pleno (previsiblemente el 12 de febrero) fue aprobado este jueves con ligeras variaciones sobre la propuesta que remitió la Conselleria de Ordenación del Territori y con una enmienda de Podemos que abre a la puerta a que, en el futuro, el Institut Balear d'Energia, pueda convertirse en un operador de comercialización y distribución.
El coordinador de la ponencia que ha debatido el texto, el socialista Damià Borràs, explicó este jueves que durante el proceso de tramitación el Parlament ha recibido presiones y ‘recomendaciones' para limitar el proceso de transición energética y alargar plazos.
El texto sitúa en 2025, concretamente el 1 de enero de ese año, la prohibición en las carreteras de Balears de coches y motocicletas que utilicen diésel como combustible. Diez años después, la prohibición se extenderá a turismos, motocicletas, camiones y furgonetas contaminantes.
La ley fija un plazo de cinco años para, una vez aprobada, poner en marcha un plan de transición energética. Como ocurriera con la ley de residuos que se aprobó el martes, la ley se anticipa a los plazos de la Unión europea.
La ley del cambio climático, en su disposición adicional cuarta, establece el cese de funcionamiento de los grupos 1 y 2 de la central térmica de Alcúdia en 2020 y el de los grupos 3 y 4 en 2025.
La norma también regula las condiciones de adaptación del sector agrario y turístico y recoge enmiendas del PP sobre instalaciones que no precisan el interés general. Después de dejar ultimada este ley, llega el turno de la de consultas, que promueve Més. Es una carrera contra reloj para que sea aprobada antes del último pleno, el 26 de marzo.