El Estado ha advertido al Govern balear de la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Residuos, como ha adelantado IB3. Se trata concretamente del artículo 9 que regula el pago por la generación de residuos y el 23, relativo a productos de un solo uso, que plantea, entre otros asuntos que no se podrán distribuir bolsas de plástico de un solo uso desde 2021.
El Gobierno central ha emitido un requerimiento al Ejecutivo autonómico para constituir una comisión bilateral para analizar estas discrepancias y llegar a un acuerdo. De no alcanzarse, el Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros, podría plantear un recurso de anticonstitucionalidad de estos dos artículos.
Sebastià Sansó, director general de Residuos, discrepa de las apreciaciones del Estado y ha declarado en IB3 Ràdio que «el Gobierno español entiende que el Ejecutivo autonómico no tiene competencias para regular el sistema tributario local, que sólo lo puede hacer la Administración estatal». A esto, Sansó replica: «La nueva directiva de residuos modificada dice que debe haber medidas de fiscalidad para poder cambiar la situación de producción y gestión de residuos».
Por lo que se refiere a la prohibición de distribución de bolsas de plástico de un solo uso desde 2021, el Estado entiende que la normativa balear no puede ser más restrictiva que el Real Decreto 293/2018. Sansó sostiene que estas bolsas son totalmente innecesarias y sustituibles por otros materiales o por bolsas reutilizables.
Además, señaló que desde el Govern se mantendrán firmes porque son soberanos en lo que han regulado por ley y no están de acuerdo con los argumentos que presenta el Gobierno central.