El Govern comunicó este martes a los sindicatos que tampoco aprobará este viernes en el Consell de Govern la subida del dos por ciento de sueldo a los 30.317 funcionarios de la Comunitat. La directora general de Funció Pública se reunió con los sindicatos en la mesa general de la función pública y les comunicó que la intención del Ejecutivo es negociar de forma simultánea la subida salarial a los funcionarios y el posible pago de la carrera profesional a los interinos como consecuencia de diversas sentencias judiciales.
El incremento de un dos por ciento en todos los complementos retributivos de la Comunitat supondría un desembolso añadido de unos 40 millones de euros que en estos momentos no están presupuestados. Si a esta cantidad se suman los 60 millones que supondría el pago de la carrera profesional a los interinos, con los atrasos correspondientes, el aumento del coste de personal ronda los 100 millones de euros en un año, es decir, casi la misma cantidad que se recaudará con la ecotasa.
El volumen es tan elevado que el Govern quiere negociar estas dos cuestiones de manera simultánea. El Ejecutivo está obligado a subir el dos por ciento en el sueldo base y los trienios, pero el acuerdo del Gobierno central deja fuera la posible subida de los complementos autonómicos, que son potestad del Govern.
Doce por ciento
Desde el año 2015, el sueldo de los funcionarios de la Comunitat se ha incrementado un doce por ciento. Eso supone que la nómina de los trabajadores públicos de la Comunitat Autònoma ha subido unos 300 euros de media desde entonces, aunque en algunos casos la subida ha sido muy superior.
Si este año se aplica una nueva subida del dos por ciento, el incremento habrá rondado el 15 por ciento en los últimos cinco años.
Extremadura también se resiste al incremento
La Junta de Extremadura también ha anunciado a los sindicatos de la Función Pública que no tiene previsto aplicar por ahora la subida salarial del dos por ciento a los empleados públicos aprobada por el Gobierno.
La Junta extremeña calcula que el coste superará los 50 millones de euros, lo que obligaría a la Junta a realizar otros ajustes a los 65.000 funcionarios que hay en aquella comunidad, más del doble que en Baleares.