El Pacte ha aprobado este lunes en un Consell de Govern extraordinario el decreto que impide construir en suelo rústico. Este documento ha vuelto a poner de manifiesto las desavenencias entre el PSIB-PSOE y Més.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha explicado que el objetivo es la protección del territorio de las Islas. Además, ha argumentado que la crisis provocada por el coronavirus ha obligado a actuar con rapidez. En este sentido, ha añadido que la prioridad del Govern ha sido frenar la crisis sanitaria y ayudar a todas las personas que lo necesitan.
Costa ha reiterado que ahora el objetivo es la reactivación económica de Balears, para lo que sea aprobó un decreto Ley que, entre otras medidas permite a ampliar los hoteles un 15 % y potencia de declaración responsable en la construcción para evitar trámites burocráticos.
El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, ha manifestado que si las medidas de carácter económico son una prioridad también es una emergencia actuar en la protección del territorio.
Se suspenden en forma de moratoria todas las tramitaciones y aprobaciones del plan de desarrollo así como toda la tramitación y licencias urbanísticas en los falsos urbanos.
Este decreto ley entrará en vigor tras su publicación en el BOIB este lunes. El conseller ha destacado que se protegen 400 hectáreas en suelo urbanizable y 200 hectáreas de falsos urbanos, lo que equivale a una población de 50.000 personas. Además, hay 51.760 hectáreas en suelo rústico en las que no se podrá construir.
Preguntado por la posibilidad de tener que hacer frente al pago de indemnizaciones, Mir ha asegurado que este asunto ha condicionado el decreto ley, con la finalidad de tener que pagarlos como pasó con otra aprobada por el Pacte presidido por Francesc Antich.
En relación al cambio de opinión sobre las marinas secas, ha argumentado que es fruto de la reflexión y ha asegurado que no ha generado debate en el Pacte de izquierdas.
Por su parte, la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha, ha asegurado que este decreto ley no afecta a las actividades agrarias, que están reguladas por su propia normativa. Cabe destacar que el PP ha asegurado que «el nuevo decreto es un ataque a payeses y pequeños propietarios».