La IV Conferencia de Presidentes de Baleares ha acordado que Govern y consells insulares trabajen conjuntamente en un diagnóstico por islas para afrontar el reto demográfico, reclamando para ello una estrategia estatal.
Por ahora, trabaja ya en el diagnóstico la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, según han informado desde el Govern.
El Consell de Ibiza ha acogido este martes esta reunión a la que han asistido los presidentes del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la presidenta de Menorca, Susana Mora; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y de Formentera, Alejandra Ferrer. Asimismo, han acudido miembros del Ejecutivo balear.
El presidente del Consell de Ibiza ha explicado los puntos abordados, como el reto demográfico, un tema que «hay que poner sobre la mesa». Entre otras cuestiones, se han abordado también temas relacionados con transportes y las liquidaciones para compensar pérdidas del sector.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha señalado en rueda de prensa que agradece la «capacidad de trabajo conjunto», en un momento «extraordinario» como el actual. Así, ha recordado cómo se ha podido ya palpar la situación de reactivación en las Islas.
Sobre el reto demográfico, Armengol ha recordado que Baleares es una comunidad «superpoblada» y así, existe una realidad «diferente» que afecta a los servicios esenciales. Según ha dicho, Baleares ha aumentado su población un 39 por ciento en 20 años, un dato mucho mayor en Ibiza y Formentera, donde el incremento llega al 70 por ciento.
Así, las Islas han perdido en dos décadas hasta 20 puntos de PIB per cápita, por lo que se necesita una estrategia nacional que comprenda la realidad balear.
Armengol ha explicado que el diagnóstico debe ayudar a tomar decisiones, aunque «cada isla tiene una realidad muy diferente».
Nueva ley de Consells
En la reunión se ha abordado además la Ley de Consells Insulares, cuyo texto será aprobado en breve por el Consell de Govern.
En el documento, según Armengol, han sido incorporadas muchas de las alegaciones presentadas. En el Parlament podría aprobarse durante el primer trimestre de 2022. Se trata de una ley «muy jurídica» que podrá adecuarse a cada una de las realidades insulares, ha asegurado la presidenta.