El Parlament tramitará una ley pensando en el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esa es la primera consecuencia de que el pleno tomara en consideración este martes un texto promovido por el GOB y que pocas veces ha culminado con éxito, solo una vez en 40 años: el procedimiento de iniciativa legislativa popular. Después de su toma en consideración, con el voto a favor de los partidos de izquierda, la abstención de PP, Cs y PI y el voto en contra de Vox, ahora tendrá que ser reelaborado por los grupos políticos. En esta legislatura, sin queda tiempo y, si no, en la próxima.
Quien defendió la propuesta en la tribuna del Parlament no es diputado; eso es lo que tienen las iniciativas legislativas populares, que pueden ser defendidas por quien reúna las firmas necesarias. El presidente del GOB, Amadeu Cobera, no entró demasiado a fondo en el contenido de la norma –crea mecanismos de control para autorizar cualquier proyecto que impacte en el medio ambiente, algunos sin encaje legal con la normativa actual– y destacó la importancia del hecho y su valor simbólico. Según Corbera, «queremos que quienes ocupen estos escaños en el futuro no nos echen en cara no haber hecho nada».
Corbera también destacó que medidas que se han tomado hasta ahora (citó la apuesta por el modelo turístico y el consumo de territorio) no van por el buen camino. Y dijo: «Nosotros les dejamos el texto, ya tienen medio camino hecho, ahora les toca a ustedes completarlo».
El apunte
Una comisión de expertos decidirá sobre los proyectos
El texto de la ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras (nombre propuesto por el GOB) establece la vinculación de las administraciones autonómica, insulares y municipales de las Islas «en todos sus procedimientos de elaboración de normas, planes, proyectos y programas sometidos a evaluación ambiental, y en los contratos y convocatorias de subvenciones a partir de 1 millón de euros». Y crea una comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras formadas por «expertos».