Dura reprobación del Gobierno de Pedro Sánchez al de Francina Armengol por extralimitarse en sus competencias en la ley que estableció medidas extraordinarias para compensar los efectos de la guerra de Ucrania. El Ejecutivo central ha presentado varias advertencias de inconstitucionalidad contra esta norma y alerta al Govern de que debía modificarla si no quería que Madrid presentara un recurso en el Tribunal Constitucional.
De hecho, ya se ha creado una comisión bilateral para resolver las discrepancias y algunas de ellas implicarán cambios en el texto original que salió del Consell de Govern y que ratificó el Parlament. Las objeciones son muy técnicas en algunos casos, pero en esencia se centran en tres aspectos clave que regulaba el decreto ley de medidas urgentes. La primera de ella afecta a la revisión del precio y la modificación de la concesión del transporte regular de viajeros.
El Govern fijaba una serie de compensaciones para los transportistas, como la revisión de los precios de la concesiones, pero deberá modificar el texto para ceñirse a las condiciones que marca el Estado para estas concesiones. En esencia, el Gobierno de Pedro Sánchez le está diciendo al de Francina Armengol que no puede establecer unos cambios de esta naturaleza sin respetar lo que marca la ley estatal.
Otra objeción de enorme importancia tiene que ver con las ayudas complementarias que se fijaron para compensar la subida de precios en las obras públicas. De hecho, gran parte de la ley de medidas urgentes estaba pensado para revisar al alza los precios pactados con los contratistas de vivienda o de otras obras públicas debido a los subida de los precios en los materiales. El Gobierno central no niega la posibilidad de que Balears pueda dar ayudas, pero dice que no puede hacerlo en los términos planteados y por eso le obliga a modificar toda la normativa aprobada por el Govern. Lo que hace de nuevo el Gobierno es recriminar el método de concesión de las ayudas y exhortar al Ejecutivo de Armengol a que pague las ayudas con acuerdo a la ley estatal, sin especificidades.
El apartado más cuestionado por Madrid es todo el relativo a medidas relacionadas con el fomento de las energías renovables. El Govern deberá modificar prácticamente todo lo que se incluyó en el decreto sobre esta materia. Se podrán agilizar la construcción de parques solares, como pretendía el Govern, pero se deberán cumplir los preceptos básicos estatales. Lo mismo se platea con la autorización de las redes de distribución de energía, que el Gobierno considera de su competencia y pone pegas al intento de agilización planteado por Balears. Por último, Madrid tumba la intención del Govern de regular las condiciones del excedente del autoconsumo en los hogares y dice que sólo puede hacerlo él.