Unos 300.000 alumnos de segundo de Bachillerato se enfrentarán desde el próximo 5 de junio a la última prueba de acceso a la universidad en su formato habitual, que en el caso de Balears arrancará el 6 de junio, y a partir de 2024 se incorporará progresivamente los cambios previstos para ajustarse al currículo mucho más competencial que establece la Lomloe. Entre los primeros que se examinarán para entrar a la universidad se encuentra el alumnado de Madrid, Cantabria, La Rioja y Murcia, ya que su convocatoria ordinaria comenzará el 5 de junio.
La selectividad de 2023 seguirá el mismo modelo que en los últimos años y será el último examen con estas características antes de implantarse el nuevo modelo, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta el curso 2027-2028. Su principal novedad será una prueba de madurez académica. A partir de 2024 se irán introduciendo cambios en el examen para alinearse con el currículo de Bachillerato derivado de la última reforma educativa (ley Celaá o Lomloe), que sigue las recomendaciones de organismos internacionales para que el alumnado sepa aplicar de forma realista los conocimientos adquiridos en clase, en lugar de quedarse en la mera memorización de contenidos.
Así, este próximo junio las pruebas para los alumnos que ahora estudian 2º de Bachillerato serán idénticas a las de junio del año pasado y, por tanto, no les afecta ninguna de las modificaciones de la ley Celaá. Se mantendrá, por tanto, el mismo formato que en los tres últimos cursos, condicionados por la COVID y que obligó a cerrar los centros educativos. Los jóvenes que harán ahora la prueba han cursado gran parte de su escolarización con restricciones y sorteado dificultades que se siguen teniendo en cuenta a la hora de diseñar el examen.
El pasado mes de marzo, cincuenta centros de diez comunidades, Ceuta y Melilla realizaron una prueba piloto orientada a armonizar las pruebas de acceso a la universidad de cara a junio de 2024, con el mencionado carácter competencial. Todas las comunidades fueron invitadas a participar pero al final las que decidieron tomar parte fueron Cataluña, Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, es decir, todas salvo las gobernadas por el PP.