El PP fue este pasado domingo la fuerza más votada en las municipales con más de 7 millones de votos, alrededor de 800.000 por delante del PSOE, y consiguió arrebatar seis autonomías a la izquierda, incluidas Baleares, Comunitat Valenciana y Aragón. La presidenta del PP balear, Marga Prohens (PP), logró una ansiada victoria para las filas populares. Como consecuencia, las Islas pueden ver desactivada la Ley de Vivienda que hace pocas semanas aprobó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con sus socios de Esquerra (ERC) y EH Bildu.
El vuelco electoral tras las elecciones autonómicas y municipales de este domingo puede dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Vivienda en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, incluido el archipiélago balear, que van a pasar a ser regidos por el Partido Popular, que se ha posicionado en contra de la misma. En el caso concreto de Palma, una de las zonas de todas las Islas donde el mercado del alquiler tiene mayores dificultades ante la amplia demanda de inmuebles, el candidato popular a Cort Jaime Martínez anunció como objetivo «poner en el mercado las más de 30.000 viviendas vacías que hay en la ciudad» y así resolver «la crisis habitacional que sufren los palmesanos».
Tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, cree que la Ley de Vivienda podría ser derogada completamente si los populares consiguen gobernar.
En este sentido, después de los comicios de este pasado fin de semana el desarrollo de la Ley de Vivienda, incluido en la aplicación de las zonas tensionadas y que estaba dirigido a intervenir y limitar las rentas de alquiler, no tendrá un efecto real en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y municipios de España, apunta Zurdo. En aquellas comunidades donde si pueda aplicarse, denuncia ANA, desplazará la inversión de promotores e inversores hacía aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España «de dos velocidades».
«Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler», añade. En este sentido, la agencia subraya que esta incertidumbre está afectando a todos, inquilinos y propietarios, trastocando gravemente el mercado de alquiler, destruyendo oferta, y dificultando enormemente el acceso a la vivienda.
La Ley de Vivienda, que entre otras medidas limitará el precio de los alquileres, entró en vigor el pasado viernes, dos días antes de los comicios autonómicos y municipales, después de que en abril el Gobierno de coalición se asegurara los votos necesarios para sacarla adelante gracias a un acuerdo con ERC y EH Bildu tras años de negociaciones. No obstante, quedará para el próximo 1 de enero de 2024 lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.