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UGT se plantea denunciar ante la Fiscalía el envío desde Afers Socials de una convocatoria de huelga del sindicato de Vox

El sindicato acusa al Govern de utilizar medios públicos con fines partidistas

Miguel Ángel Romero, secretario de UGT servicios públicos. | Irene Arango

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UGT Illes Balears se plantea denunciar ante la Fiscalía el envio desde el mail oficial del Afers Socials al personal del departamento de la convocatoria de hulega en el á,mbito nacional del sindicato Solidaridad, afín a Vox.

«Nuestros servicios jurídicos están estudiando el tema porque consideramos que esto va más allá del ámbito estrictamente laboral y quizás convendría que la Fiscalía interviniese y viese si el uso de recursos públicos para una orientación política están dentro del ámbito de competencia de una Administración. Pensamos que el dinero público está para otras cosas», ha señalado el secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero.

Según Romero «Nos parece gravísimo que desde un correo corporativo se envíe a determinados listados de personal una especie de llamamiento a no asistir al trabajo o parece que se dan permisos para no asistir un día de huelga convocada por un sindicato donde no hay ni un solo delegado en la comunidad autónoma. No se pueden instrumentalizar medios públicos que están destinados al interés general para favorecer una determinada orientación política»

El dirigente sindical destaca que el documento de la convocatoria de huelga «no tiene ni una sola consideración laboral» y advierte de «cuando UGT ha convocado una huelga los funcionarios jamás han recibido la convocatoria que se envía a la Dirección General de Trabajo por parte de la Administración, sino que la información sobre la huelga la han recibido directamente del sindicato».

Desde UGT consideran que el Govern está utilizando medios públicos con fines partidistas: «Se están pasando determinadas líneas dentro de la administración que nunca habíamos visto y pedimos al Govern que tranquilice a los empleados públicos, que no los instrumentalice, que no los presione. Un empleador no puede ni fomentar, ni impedir, ni coaccionar a los empleados que dependen de él, y máxime si además es una administración pública. Esto todavía tiene más gravedad».

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