Un drástico aumento de asuntos, encabezados por las reclamaciones de deudas y los pleitos contra compañías aéreas, han puesto en jaque los juzgados de Primera Instancia de las Islas. Solo en Palma, el año pasado fueron más de 5.000, los procedimientos instados por pasajeros por retrasos en vuelos para conseguir compensaciones de compañías aéreas. En el mismo partido judicial, los veinte juzgados de este órgano se repartieron 16.772 procedimientos monitorios, los empleados para reclamar deudas de distintos. A la vez, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en todas las Islas se ha producido un aumento a lo largo de 2023 de un 15,9 por ciento de los procedimientos declarativos que entran en los juzgados civiles de base: frente a los 27.671 que entraron en 2022, el año pasado lo hicieron 32.071.
Aunque la forma de registrar los asuntos varía según cada uno de los juzgados, el año pasado algunos de ellos cerraron con más de 3.000 asuntos, una situación que desborda la capacidad de respuesta de estos órganos. A partir de esta situación, uno de los letrados de la administración de Justicia, el del número 23, remitió hace una semanas un informe a la Sala de gobierno para poner de manifiesto la situación «difícil de asumir» en la que están estos órganos a partir del progresivo incremento de asuntos en los últimos años. En el mismo documento solicitaba la creación de dos juzgados nuevos para compensar la sobrecarga de casos.
La respuesta del TSJIB ha sido solicitar al Ministerio no dos, sino tres nuevos juzgados. La respuesta refleja que, según los datos de la memoria del órgano de gobierno, en esta jurisdicción serían necesarios un total de ocho juzgados para que el número de asuntos que se reparten estén en los márgenes previstos. Sin embargo, la realidad choca con otro obstáculo: la falta de espacio en los juzgados de Palma.
A la espera de que se concreten los plazos a largo plazo del Ministerio de Justicia para construir un nuevo edificio judicial en la ciudad no hay ni un hueco disponible. La única alternativa posible para crear nuevos órganos judiciales a corto plazo está en el hueco que dejaron los registros civiles al salir del edificio judicial de sa Gerreria. Esa marcha se produjo hace un año cuando abrieron en unas oficinas alquiladas junto al Mercat de Llevant de Palma. Desde entonces, el espacio que ocupaban en la planta baja de sa Gerreria permanece vacío y sin utilizarse. El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJIB apunta a que en esas dependencias se podría acondicionar espacio para tres nuevos juzgados y solicita que el Ministerio de Justicia cree tres nuevos juzgados de Primera Instancia allí.
El acuerdo insiste en que esas obras «podrían realizarse en cualquier momento y podrían ser inmediatamente ocupadas».
Del aumento de asuntos en la jurisdicción, por el momento se salvan los juzgados de Familia, que registraron el año pasado un cifra de asuntos similar a la del ejercicio anterior. También se mantienen contenidas las demandas por impagos de hipotecas o para solicitar desahucios por la Ley de Arrendamientos Urbanos. El aumento proviene fundamentalmente de situaciones de impago, tanto de monitorios por importes menores a 3.000 euros como a superiores. En paralelo, un cambio legal atribuyó a los juzgados de Primera Instancia la competencia en materia de transporte que hasta entonces tenían los mercantiles que, a cambio, asumieron los asuntos derivados de la ley de segunda oportunidad.