Cambio de postura de la Fiscalía. El Ministerio Público considera que no hay indicios para condenar a los ocho acusados por la trama de estafas a hoteles con falsas intoxicaciones alimentarias. La trama costó millones a establecimientos de las Islas que durante los años 2016 y 2017 recibieron centenares de reclamaciones de clientes británicos que, con un simple recibo de haber comprado en una farmacia un medicamento contra la diarrea, conseguían en su país vacaciones gratis.
El juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral dado que sí que presentaron cargos tres acusaciones particulares: la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Hoteles MAC y Amla Explotaciones Turísticas. Todas ellas solicitan penas de entre seis años y medio y ocho años de cárcel para los acusados, liderados por una empresaria británica afincada en la Isla, Laura Cameron, que fue detenida por la Guardia Civil. Los empresarios afectados la señalan como cabecilla de un grupo de ticketeros que captaban los datos de turistas y les informaban de que podían reclamar para tener vacaciones gratis. Luego, sostienen, enviaban esos datos a organizaciones en el Reino Unido para que tramitaran las reclamaciones.
El Ministerio Público solicitó a la magistrada la continuación de las actuaciones y la apertura de fase intermedia para acusar. Sin embargo, ahora considera que no existen suficientes indicios para una condena. En su informe, la fiscal considera que durante la instrucción «no se ha podido determinar quiénes fueron los autores de la estafa ni el exacto desplazamiento patrimonial fruto de las presuntas reclamaciones falsas, que tampoco puede precisarse cuáles son de manera exacta».
En el escrito repasa distintos indicios para considerar que son insuficientes. Así, señala que «no se ha podido acreditar de forma fehaciente» que tres vehículos que fueron identificados como los que transportaban a los tiqueteros y que estaban vinculados a Cameron, realmente se dedicaran a esa actividad.
Tampoco encuentra prueba de cargo en los ocho registros que llevó a cabo la Guardia Civil cuando estalló el caso después de la denuncia de los hoteleros y de varios informes de detectives privados: «No se han hallado documentos o datos que impliquen a las personas acusadas en dicha práctica ilícita». Así, considera que lo único acreditado es que abordaban a turistas británicos para recabar sus datos, «pero no que los indujesen a realizar manifestaciones falsas sobre haber padecido ningún trastorno, enfermedad o intoxicación». La postura de la Fiscalía no impide el juicio, que tendrá que ser señalado por la Audiencia Provincial, ante la presencia de acusaciones particulares.
... quien calla otorga... pues eso, ves bajándote los pantalones...