La Oficina de Prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears, la Oficina Anticorrupció cuyo cierre acordará el Parlament el próximo martes a instancias del PP y de Vox, tiene pendientes de tramitar 207 denuncias, entre ellas las 14 que se han presentado desde que empezó este año y cuando ya se sabía que el departamento que ahora dirige Cristòfol Milán, tenía los días contados.
La Oficina, que opera plenamente desde 2019 y que siempre estuvo en el punto de mira del PP y de Vox, tiene abiertas, con fecha del 21 de marzo, 19 expedientes en fase de investigación, algunos a punto de concluir, otros en fase de elaboración de conclusiones.
De los que se han presentado este año, tres se refieres a actuaciones de Administración del Estado, cinco hacen referencia a los ayuntamientos, tres al Govern y al IB-Salut, dos tienen que ver con denuncias a empresas privadas y una con altos cargos.
Todo este material, incluido el que señala a éste como denunciado pasará al Govern, que será quién decida qué hace con las denuncias. Durante el trámite de discusión de enmiendas de la ley se planteó, a instancias del PSIB, que se remitiera a un organismo de Transparencia estatal pendiente de crear. Se aprobó con el apoyo de Vox pero luego este grupo cambió de opinión y se mantiene la redacción original.
Precisamente, lo referido a este punto, donde el ejecutivo pasa a convertirse en juez y parte, es lo que más ha alarmado a los grupos de la oposición, que se oponen a que la Oficina se liquide.
El material, según la versión que llega al Parlament, pasa a un organismo que depende de la Conselleria de Presidència y que no tiene relación con la investigación del fraude.
Entre 2019 y 2024, años a los que se refieren las 206 denuncias pendientes, la aparente prevaricación urbanística es una de las causas que ha llevado a más demandas de actuación, sólo superada por cuestiones que afectan a la situación del funcionariado. En general, en el caso de la prevariacación urbanística, se trata de actuaciones de los ayuntamientos (una de ellas afecta a un director general del actual Govern en su etapa de munícipe en Campos).
Caen las denuncias anónimas
La ley por la que se creó la Oficina Anticorrupció permitía que se presentaran denuncias anónimas, algo que queda anulado en la Llei de Transparencia que se aprobará el martes y que incluye el cierre de la Oficina.
La mitad de las denuncias presentadas en 2024 han sido anónimas. La Oficina da el mismo trato a las que se presentan con nombre y apellidos del demandante que a las que no.
La Oficina de Prevneció i lluita contra la corrupció ha tenido dos directores, Jaume Far y Tòfol Millán, y ha tramitado 522 denuncias desde que se creó. De éstas, 18 derivaron en actuaciones de la Fiscalía y se archivaron 229. El año 2023, el último completo de actividad, llegaron a Oficina Anticorrupció 134 denuncias. Fue cuando más se remitieron.
De las 207 pendientes, hay 129 que se refieren a ayuntamientos, 20 están directamente relacionadas con actuaciones del Govern y hay 13 referidas al IB-Salut. Es posible que ninguna de estas lleguen a ningún lado. Las que tienen alguna garantía son las 19 en fase de investigación.