Las mascarillas que el IbSalut compró en abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, en la que uno de sus mediadores fue Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, representa el 2% del todos los lotes de cubrebocas que el servicio de Salud compró durante la pandemia.
Este dato, que ha aportado este lunes el subdirector de compras del organismo aquellos días, Antoni Mascaro, –y que no fue cuestionado por nadie– sirve para contextualizar lo que está investigando el Parlament. El IbSalut pagó 3,7 millones y reclamó 2,6. Según Mascaró, entre el 12 de marzo y el 4 de junio de 2020 se recibieron 300 ofertas. Soluciones de Gestión hizo un segundo ofrecimiento que el IB-Salut rechazó.
Mascaró era el segundo de Manuel Palomino –que ya compareció hace una semana, tanto en el Parlament como en Congreso– y fue el que planteó el inicio de la reclamación por la diferencia en la calidad de las mascarillas. Explicó que cuando se compraron –era abril, cuando se iniciaba la desescalada– iban a dedicarse a uso civil y a trabajadores esenciales no del sector hospitalario. No se repartieron pero tampoco se destruyeron.
¿Por qué se compraron?, ¿por qué no se utilizaron?, ¿por qué no se destruyeron?, ¿por qué se espero a julio de 2023 para iniciar la reclamación?, ¿por qué el nuevo Govern siguió el proceso que dejó iniciado Mascaró y presentó formalmente la reclamación?. ¿por qué de desistió? Son las preguntas que, como en comparecencias anteriores, se lanzaron ayer. Tanto el PSIB como PP y Vox parecen tener claro a dónde quieren llegar: el primero a que no hay caso y los segundos a que sí hay caso y que hay que asumir responsabilidades políticas.
«Siempre me preguntan lo mismo y he respondido varias veces», dijo Mascaró en una de sus respuestas.
Según Mascaró se reclamó el importe de las mascarillas compradas a la empresa Soluciones de Gestión «a tiempo» y «cuando se pudo». Tanto Vox como el PP insistieron mucho en por qué se firmó en un primer momento un certificado avalando como satisfactorio el contrato de las mascarillas en agosto de 2020, cuando el IbSalut ya disponía de los análisis sobre la calidad del material. Y éste respondió que «no tuvo trascendencia» y que poco menos que era un trámite para dejar constancia de que se había recibido el envío. Y se repitió el debate intentando diferenciar las mascarillas KN95 y FPP2.
«Lo que envió la empresa aparecía como KN95/FPP2 y decían que era para uso dual pero no era así. Pero no eran fakes, no servían para uso hospitalario».