La llamada 'policía patriótica' de Mariano Rajoy espió a los diputado de Podemos por Baleares Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha cuando cuando fueron elegidos al Congreso en las elecciones generales de 2015. En el caso de Yllanes, el seguimiento comenzó incluso antes, cuando aún era juez en ejercicio y anunció su candidatura. Según ha adelantado el diario El País, los 69 diputados de la formación, entre ellos los dos diputados de Baleares, fueron espiados para buscar informaciones que les pudieran perjudicar, según consta en los Whatsapp a los que ha tenido acceso el diario.
El juez Santiago Pedraz investiga la actuación de esta policía, que actuó a las órdenes de cargos de Ministerio del Interior para tratar de acabar con sus adversarios. Se espió a todos con diversas intensidad, de manera especial a los cargos más relevantes entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero. En el caso de Yllanes, fue espiado en al menos 26 ocasiones.
Podemos presentó una querella y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido ahora al juez el informe sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar distintos aspectos de la vida de los 69 parlamentarios de Podemos. Todos ellos fueron investigados en mayor o menor medida para descubrir elementos de su vida privada que pudiera dañarles.
Este informe ha sido aportado al procedimiento que el juez Pedraz abrió el pasado febrero, cuando admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre los cargos de la formación 'morada'.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admitía entonces la querella de forma parcial y en línea por lo solicitado por la Fiscalía, rechazando investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales. La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Hagan lo que puedan, como dijo Aznar