La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo día 23 el segundo juicio contra la cúpula de la extinta Sa Nostra. La vista, que se prolongará durante más de un mes es una causa similar a la que se desarrolló en 2021 y que terminó en la absolución de dos antiguos directores generales de la entidad, Pau Dols y Pere Batle, acusados por una operación de financiación al fallecido empresario Martín Gual para desarrollar unos terrenos en Son Bordoy.
Tanto Dols como Batle volverá en esta ocasión a ser juzgados y con ellos el antiguo presidente de la entidad, Fernando Alzamora. La fiscalía acusa a los dos primeros de administración desleal y de apropiación indebida y les reclama cuatro años de cárcel. Para el tercero, la petición es de dos años y medio solo por el primer ilícito. Además del Ministerio Público también ejerce la acusación el Fondo de Restructuración Bancaria a través de la Abogacía del Estado, al igual que ocurrió en el primer procedimiento.
En esta ocasión el objeto del juicio son una serie de operaciones de financiación con el Grupo Sotohermoso, que promovía una serie de urbanizaciones en la provincia de Huelva. Esos préstamos se llevaron a cabo entre los años 2006 y 2010 y dejaron un descubierto en las cuentas de la entidad de 33 millones de euros que es la indemnización que se reclama en el juicio.
Al igual que ocurrió con la operación de Son Bordoy, la denuncia que llega ahora a juicio llegó después de la absorción de Sa Nostra por parte de BMN y tras una auditoría del Banco de España. Según la Fiscalía la operación se llevó a cabo sin evaluar los riesgos y supuso una pérdida millonaria para la entidad financiera una vez que se frustró la urbanización onubense. Además de los máximos responsables de la entidad también están acusados directivos de Invernostra, la filial inmobiliaria de la caja y dos empresarios.
El primer proceso a la cúpula de Sa Nostra terminó en una absolución que es firme. La Audiencia Nacional resolvió que la operación que se llevó a cabo con el empresario Martín Gual era razonable y que en ningún caso fracasó por culpa de los gestores de la caja. Batle y Dols fueron exculpados después de que validara su versión en el juicio: La operación de Son Bordoy corría el riesgo de fracasar por los problemas económicos de sus propietarios por culpa de la crisis del ladrillo. Por eso se optó por acudir a Gual dada su experiencia como promotor y llevó a cabo una serie de gestiones para intentar reflotar el proyecto que, finalmente quedó aparcado tras la quiebra de la entidad y no se ha vuelto a retomar desde entonces.
La Fiscalía también reclamaba en aquel procedimiento condenas de cuatro años de cárcel para los principales responsables de la entidad y la Abogacía del Estado intentó más tarde recurrir la absolución. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional confirmó el fallo porque el recurso se había presentado fuera de plazo.
La vista que arranca en septiembre cerrará el recorrido judicial de la antigua caja de Baleares que se ha prolongado durante más de una década y que ha implicado, además de la investigación, la imposición de embargo a los imputados sobre casi todos sus bienes.