Los díscolos de Vox instan a cumplir el acuerdo firmado con el PP. Así lo ha comunicado este miércoles, 4 de septiembre desde Avanza en Libertad, la asociación que crearon Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades. «Apelamos a la responsabilidad de los dirigentes políticos de Partido Popular y Vox para que el acuerdo de gobernabilidad firmado en Baleares, que contempla 110 medidas necesarias para avanzar en derechos y libertades a los ciudadanos de estas Islas, continúe aplicándose durante la presente legislatura, dado que la anunciada ruptura no ha alterado la composición del gobierno autonómico, al no contar dicho gobierno con miembros de Vox y tampoco compromete las posiciones de ambos partidos en materia de extranjería, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico».
En este sentido, han explicado que «las 110 medidas se circunscriben estrictamente a las competencias del Govern de las Islas Baleares y del Parlament, la competencia de acogimiento de menores es de ámbito insular y son los Consells insulares, y no el Ejecutivo autonómico, las únicas instituciones que ejercen dicha competencia».
Desde Avanza en Libertad han recordado que el pasado 11 de julio el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, anunció que el Comité Ejecutivo Nacional había acordado retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. «Esta ruptura de los acuerdos autonómicos entre el Partido Popular y Vox supuso un cambio en la composición de los gobiernos autonómicos en coalición, no siendo así en Baleares, donde el acuerdo de gobernabilidad permitió desde el principio un gobierno en solitario del PP».
En opinión de la asociación presidida por Ribas, «el motivo de la ruptura unilateral de los acuerdos autonómicos por parte de la dirección nacional de Vox se fundamenta en su rechazo a la política migratoria aplicada por el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobierna, llevando a cabo el acogimiento de menores inmigrantes no acompañados, en virtud del ejercicio de sus competencias». Sin embargo, insisten que en el caso de Baleares estas competencias son de los consells y no del Govern y el Parlament, instituciones en las que se aplica el acuerdo de los 110 puntos.