El Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears ha pedido este jueves a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que acelere las medidas contra el cambio climático ante «la situación extremadamente preocupante respecto a la emisión de gases de efecto invernadero y la alarma que lanzan científicos de todo el mundo».
Es la primera vez que Prohens recibe al comité. A la cita con la presidenta en el Consolat de Mar han acudido Pau de Vílchez, presidente del comité; Sònia Estrade, vicepresidenta; Ivan Murray, secretario; e Itziar Arratibel, Elena Baraza y Ramon Pujol, vocales. También son miembros del comité Núria Marbà y Gabriel Jordà, que no han podido asistir a la reunión. Han acompañado a la presidenta el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu.
Al término del encuentro, Pau de Vílchez ha declarado que «si la situación es extremadamente preocupante en todo el planeta, Baleares es especialmente vulnerable al cambio climático por su condición de territorio insular, sobre todo ante el aumento del nivel del mar y las olas de calor. Un gobierno responsable debe dar respuestas responsables, con políticas coherentes y transversales».
El presidente del comité ha recordado que «el 60 % de las emisiones de Baleares corresponde al transporte, sea aéreo, marítimo o terrestre. Por muchas energías renovables que instalemos, tenemos que atacar la reducción de emisiones en el transporte, actuando contra la movilidad privada y potenciando los servicios públicos. Un mayor uso del transporte público, de la bicicleta o de los traslados a pie reportan una vida más saludable, una lucha más eficiente contra el cambio climático y una reducción considerable en el número de accidentes de tráfico».
De Vílchez ha destacado que «lejos de mejorar en este aspecto, cada año estamos batiendo récords de turistas y si en 2030 deberíamos haber reducido el 40 % de las emisiones de 1990, resulta que las hemos duplicado».
Los miembros del comité han informado de que el Govern está realizando un estudio sobre el potencial de la instalación de energías renovables en suelo urbano frente a la masiva entrada de proyectos de parques solares fotovoltaicos en suelo rústico. En este sentido, han apelado a una planificación territorial que regule y ordene la distribución de energías renovables. Elena Baraza ha declarado que «las empresas son las que están decidiendo dónde se ubican los parques fotovoltaicos en el suelo rústico en función de su rédito económico. Mientras tanto, el sector primario se ve reducido por un sistema socioeconómico que no lo hace rentable. Con menos sector primario, se reducen la soberanía alimentaria y la disponibilidad de alimentos más saludables. Un futuro para el suelo rústico cubierto de placas solares sería muy triste».
Volviendo a la movilidad, en la reunión salió el proyecto del tren de Llucmajor, así como la posibilidad de que el servicio ferroviario llegue a Alcúdia y Calvià, pero, ha apuntado de Vílchez, «los plazos son muy largos y el tren de Llucmajor se prevé para 2032. Sólo en Palma, decenas de miles de coches hacen recorridos de un solo kilómetro cada día. Sin embargo, en París, en cuatro años han conseguido que la movilidad en coche privado sólo sea el 4 % del total».
En cuanto a los récords de visitantes, el presidente del comité ha subrayado que «la ampliación del aeropuerto es una auténtica catástrofe y hay que dejar de lado la promoción turística, así como reducir las plazas». Asimismo, se ha mostrado partidario de mantener la gratuidad del transporte público: «Si a los conductores no les hacemos pagar por usar las carreteras, tampoco tiene sentido hacer pagar por usar un transporte más sostenible, menos contaminante y que reduce la saturación de las carreteras y los accidentes. Todo son beneficios».
El comité de expertos, previsto por la Llei de Canvi Climàtic de 2019 y constituido en 2021, es el órgano colegiado encargado de asesorar al Govern en el diseño y desarrollo de las medidas necesarias para luchar de manera efectiva contra el calentamiento global y el cambio climático, tanto en medidas de mitigación como de adaptación, y así poder alcanzar los objetivos y las finalidades de interés público marcadas en la ley.