Las posiciones radicalmente opuestas entre la izquierda y la derecha en Baleares convierten en utopía la posibilidad de alcanzar un pacto por la vivienda que busque soluciones para combatir el principal problema que tienen en este momento los ciudadanos de Baleares. Izquierda y derecha no se entienden en esta materia de forma que la política del Govern de Marga Prohens pasa por hacer lo opuesto a lo que se hizo en los anteriores ocho años de Gobierno.
«Las políticas de ocho años de inacción del Govern de Armengol nos han llevado a esta situación crítica», señala el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras. «Este Govern lo único que hace es promover pelotazos: más casas, más pequeñas y más caras. Triple negocio», contesta Mercedes Garrido, diputada del PSIB. Izquierda y derecha tienen una posición antagónica sobre cómo debe abordarse este desafío. En la primera legislatura del Govern de Armengol apenas se iniciaron VPO, pero en la segunda legislatura se aceleró intensamente el ritmo de construcción hasta superar las 500.
Armengol centró su actuación en medidas legislativas para ampliar el parque de vivienda más que en poner pisos en el mercado: se aprobó la ley para expropiar el uso de las viviendas a los grandes tenedores –que apenas permitió conseguir 16 viviendas–, se declaró la no extinción de la calificación de VPO para que nadie haga negocio con una vivienda comprada a precio tasado, se ampliaron las ayudas al alquiler, se puso en marcha la Hipoteca Jove.
No llegó a tiempo de aplicar la Ley de Vivienda para poner límite a las subidas de los alquileres porque la izquierda perdió las elecciones y el PP no quiere ni oír hablar de una medida que expulsa viviendas del mercado, según ellos. La política de vivienda del PP ha ido en dirección opuesta. Ha intentado sacar pisos al mercado a toda costa con una apuesta por la figura de la Vivienda a Precio Limitado (VPL), que es un 30 % más cara que la VPO. Un ejemplo es el decreto que acaba de convalidad el Parlament, pensado para sacar 20.000 pisos en Palma y un número indefinido en los grandes municipios de las Islas. Serán VPL, no VPO.
En esa apuesta por sacar vivienda al mercado, el gráfico muestra el número de pisos que están en planificación –según datos del Govern– con propuestas como subir alturas, dividir viviendas, ceder suelo público a los promotores para viviendas de alquiler o construir VPO. También está pendiente de desarrollo el programa Lloguer Segur.
El modelo PP- Vox pasa también por ampliar las posibilidades de construcción en suelo rústico y Vox llegó a plantear la posibilidad de volver atrás hasta 2004 y eliminar toda la legislación restrictiva aprobada desde entonces. Sagreras defiende que que el modelo que debe seguirse es el que ha puesto en marcha Prohens y dice que, en dos años, se ha planificado más vivienda que en toda la legislatura de Armengol.
El modelo del PSIB no tiene nada que ver con los que plantea el Govern. Mercedes Garrido mira hacia el País Vasco, donde se ha firmado un gran pacto por la vivienda que firman un centenar de entidades. «Cualquier política que funcione pasa por limitar los precios. Las clases medias ya son demandantes de VPO», dice. El PSIB insiste en pedir la limitación a la subida de los alquileres, además de medidas urbanísticas y turísticas que no fomenten la especulación. Aseguran que el decreto de vivienda urbanizará suelos pero no van a construir ni un piso y además supondrá una subida de precios. Frente a las VPL, VPO. También proponen la eliminación de las 90.000 plazas «fantasma» que acaba de regularizar el Govern y medidas contra la ‘luxificación’, con una moratoria a la construcción de pisos de gran tamaño, un fenómeno que se esta agravando en la costa.
El diputado de Més Ferran Rosa señala que el problema debe abordarse desde por una triple vertiente: demográfica, turística y especulativa. También pide que las 90.000 plazas que acaban de emerger se den de baja y que una parte de la ecotasa, «que debe subir», vaya a comprar oferta turística para darla de baja. Apuesta por la regulación de los precios alquiler y asegura que, en un corto periodo de tiempo, permite reducir la presión de precios. «La vivienda no puede estar vacía porque, en una situación de emergencia, hay que tomar medidas de emergencia», dice.
Su propuesta es aumentar los impuestos a las viviendas vacías y defiende la creación de una empresa de gestión urbanística para construir en los solares que tienen retenidos los promotores con fines especulativos, además de limitaciones a la compra para los no residentes. Josep Castells, de Més per Menorca, busca lo contrario: dar prioridad en la compra los residentes que lleven 15 años en las Islas, además de dar de baja las plazas de alquiler vacacional en núcleos urbanos, entre otras medidas.
«El Govern se escuda en la falta de oferta para decir que hace falta construir más. Instrumentalizan la miseria y la desesperación de la gente que no tiene donde vivir para preparar el próximo pelotazo urbanístico», asegura la diputada de Podemos, Cristina Gómez, que, como el resto de la izquierda, pide limitar la subida de los alquileres y mantiene su petición de expropiar el uso de la vivienda a los grandes tenedores, además de expropiar la vivienda a los fondos buitre de Estados Unidos. También defienden prohibir el alquiler turístico en núcleos urbanos.
Si tuvierais lo que hay que tener arreglábamos esto rápido.