A punto de cumplirse un año de que Santiago Abascal anunciara la ruptura de pactos de Vox con el PP en las comunidades autónomas –y de una serie de desacuerdos que, en Balears, culminaron con el bloqueo a los Presupuestos y a que se llegara a barajar, incluso, las posibilidad de unas elecciones anticipadas– ambos partidos llegan al inicio del verano en un clima de aparente sintonía.
Este clima oficializará en una sesión extraordinaria del Parlament que durará tres y que aprobará los Presupuestos de 2025 y dos leyes: una de gran calado político –, la destinada a la creación de reservas estratégicas para obtener suelo (la conocida como ley de urbanismo) y otra de tono menor pero que se utilizó para añadir enmiendas de otras cuestiones, como la de polígonos.
Al tratarse de una sesión extraordinaria, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio, no hay preguntas de control al Govern.
Desde que se inició el periodo de sesiones en febrero, el Govern ha recurrido a la figura del decreto ley y no ha remitido ningún proyecto de ley. El último fue la de polígonos –a la que Vox se opuso en un primer momento– y todo lo que ha ocurrido en el Parlament ha tenido pocos precedentes. El PP ha tenido que renegociar con Vox varias de sus iniciativas –las medidas sobre turismo o las de vivienda– ante la falta de mayorías claras, utilizó incluso a la izquierda. Eso ha ocurrido con dos iniciativas: la ley de granjas y la que permitía sancionar las fiestas de pisos turísticos.
La primera llegó como decreto con un texto que habían pactado el PP y Més per Mallorca para frenar un proyecto de macrogranja en Sineu. Vox votó en contra de la covalidación y luego durante la tramitación como ley se aceptaron enmiendas, algunas sobre el catalán. La izquierda votó en contra en el trámite final. Y lo mismo sucedió con una proposición de ley que presentó Més per Menorca para actuar con más dureza contra la fiestas ilegales en pisos turísticos hasta prever la retirada de licencias y multas a quienes los comercializan. La izquierda terminó votando en contra pues a su paso por la Cámara se había desvirtuado.
El Parlament ha aprobado desde enero siete proyectos, algunos de año pasado, como la ley de conciliación. Todas con el voto del PP y Vox. En las sesión del 7,8 y 9 de julio, se aprobarán las que faltan. Y empezarán las vacaciones parlamentarias.
La izquierda ve los acuerdos entre PP y Vox como un «reinicio» de la legislatura. Para Josep Castells (Més per Menorca), «estamos ante una nueva investidura, aunque no se vote». Todo eso se relaciona con la decisión de no suspender a Gabriel Le Senne y su continuidad en la presidenta de la Cámara. Y queda derogar la ley de memoria democrática.
UsuarioResulta que n'Abascal ordena rompre es pactes autonòmics amb es PP i segons tu sa culpa ès de na Prohens. Queda clar que Vox pren decisions que són ben males d'explicar i de justificar! 🤣