Los propietarios de embarcaciones que se acojan a la legalización del Airbnb náutico aprobada este martes por el Gobierno central perderán su derecho a amarrar en los puertos autonómicos de Baleares.
El Govern trata de paliar con esta medida los efectos que tendrá la nueva normativa estatal que permite solicitar autorización para alquilar embarcaciones particulares de la llamada lista séptima (las que hasta ahora tenían un uso exclusivamente privado) con fines comerciales.
La normativa estatal choca de lleno con la normativa que estaba tramitando el Govern balear con la idea de frenar la masificación en el mar. El texto autonómico, que debía entrar en vigor al acabar la actual temporada turística, prohíbe expresamente el alquiler comercial de embarcaciones privadas y aún va más allá. Exige a las empresas charter que operen en las Islas disponer de un punto de amarre en el archipiélago para el embarque y desembarque de su pasaje.
La resolución que ha anunciado la Conselleria del Mar este viernes, establece que utilizar comercialmente los amarres de Ports IB supondrá una infracción grave que comportará la apertura de un expediente sancionador y la caducidad inmediata de la concesión del puesto de atraque. Cabe recordar que en estos momentos hay alrededor de 20.000 puntos de fondeo y amarre en Baleares y más de 7.000 personas en lista de espera.
«Los amarres base de los puertos de gestión directa tienen la finalidad de mantener un equilibrio entre los amarres sociales y los amarres lucrativos. Por eso, utilizar amarres sociales para hacer un uso lucrativo supone desvirtuar esta finalidad», dice Ports IB.
La Conselleria de la Mar defiende que «el modelo balear de ordenación portuaria distingue claramente entre los usos particulares y comerciales, ya que implican afectaciones y necesidades diferentes, a menudo incompatibles».
La prohibición expresa del alquiler comercial de las embarcaciones que amarran en los puertos autonómicos entrará en vigor tras su publicación en el BOIB (entre este sábado y el próximo martes) .
Paralelamente, con el objetivo de reforzar el control sobre los puertos autonómicos en régimen de gestión indirecta, Ports IB ha solicitado a todos los Clubs Náuticos concesionarios que presenten en un plazo máximo de diez días, una propuesta provisional de distribución de los amarres según su uso. «Deberán diferenciar claramente los destinados a embarcaciones de uso particular y los reservados a actividades profesionales, especificando en este caso si se trata de charter náutico o de transporte marítimo no regular», informa el Govern.
La prohibición autonómica no afectará en cambio a los amarres disponibles en los puertos de interés general del Estado, en el caso de Mallorca, el Puerto de Palma y el Puerto de Alcúdia.
Bien vaaaa.......