El Govern apunta a Madrid. Asegura que el Ministerio de Vivienda es el responsable de que hayan caído las peticiones de ayudas al alquiler, precisamente en el peor momento de la emergencia habitacional en las Islas. Los pisos son más caros que nunca, pero la paradoja es que, al mismo tiempo, las solicitudes de subvenciones se desploman porque muy pocos solicitantes cumplen los requisitos que marca el Ministerio.
El Govern vuelve a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que introduzca cambios en la normativa para establecer, como mínimo, un régimen especial para Baleares. Desde las Islas se pide que el límite máximo de precio para poder recibir una ayuda en Baleares esté en 1.200 euros y que esta cantidad suba hasta 600 euros para el caso de las habitaciones. Las cifras en vigor fijadas por el Ministerio son de un máximo de 900 euros para el caso de un piso y de 450 euros si se trata de una habitación.
Este tope a los precios tiene una explicación lógica: el Ministerio cree que se deben subvencionar los alquileres que estén en el rango de vivienda media. Busca que no se beneficien de esta medida los ciudadanos que alquilen pisos muy caros o grandes mansiones, de ahí el límite de esos 900 euros.
El problema es que, en el caso de Baleares, por menos de 900 euros apenas hay oferta y lo que se considera vivienda media en España, en las Islas está a precio de lujo. El Govern quiere romper esta dinámica y que las subvenciones al alquiler se acerquen a la normalidad de los precios.
De hecho, la misma situación se vivió en la anterior legislatura, cuando el Govern de Francina Armengol se encontró exactamente con el mismo problema. El máximo de alquiler subvencionable eran entonces 600 euros, una cifra irrisoria ya en ese momento, que dejaba a miles de ciudadanos sin opciones de conseguir ayudas al alquiler.
El entonces conseller d’Habitatge, Josep Marí, se encontró con la misma paradoja de no poder dar ayudas a pesar de que el precio no paraba de subir. Marí también se encontró con las resistencias del Ministerio para que Balears tuviera una consideración especial y el precio de las ayudas se ajustara al precio real de los alquileres. Tras arduas negociaciones, logró que el Gobierno aprobara esta subida hasta 900 euros casi al final de su mandato como conseller.
Ahora es el conseller José Luis Mateo quien pide al Gobierno que convoque ya a las comunidades autónomas para abordar este asunto. Desde la Conselleria d’Habitatge recuerdan que han pedido en varias ocasiones una reunión de la Conferencia Sectorial entre el Gobierno y las comunidades autónomas sin que hasta el momento les hayan hecho ni caso. La sectorial con la ministra no se reúne desde hace nueve meses y desde el Govern insisten en pedir un acuerdo que resuelva el problema y permita que miles de ciudadanos que ahora quedan fuera de estas subvenciones puedan acceder a ellas.
Estas subvenciones al alquiler de vivienda han sido una de las medidas clave tanto del Govern de Francina Armengol como del de Marga Prohens. El año pasado se reservó una partida de 9,2 millones de euros para ayudar a los arrendatarios de viviendas. Las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda es que las ayudas cubran un máximo del 50 % de la renta de alquileres mensuales de hasta 900 euros, con un límite de ayuda por vivienda de 3.000 euros anuales. También hay limitaciones en función de los ingresos de los posibles beneficiarios de las subvenciones.
Entre los requisitos para optar a las ayudas son, entre otros, ser titular de un contrato de alquiler de una vivienda que esta sea la residencia habitual y permanente de la persona solicitante, que los beneficiarios tengan nacionalidad o residencia legal en España y que cumplan con los requisitos de ingresos máximos establecidos por el Gobierno.
Punto de vista
Pep Toni600 viviendas respecto de 137.000 es un 0'4%, o sea insignificante. Si además son chalets, el efecto en alquiler es 0. No es por llevarte la contraria pero si no se analizan bien los datos utilizas tus fuerzas para no conseguir nada.