El Govern está trabajando «con normalidad» en la creación del registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto para el cual el Gobierno le da, como máximo, un plazo de tres meses para tenerlo listo. Desde la Conselleria de Salut aseguran que se está avanzando, aunque todavía no pueden concretar si estará terminado antes de lo requerido.
El presidente Pedro Sánchez ha enviado una carta a los presidentes de Aragón, Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid y Baleares estableciendo esta fecha porque se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Las cuatro comunidades mencionadas incumplen la norma al seguir aún sin crear este registro.
Desde la Conselleria de Salut, sin embargo, aseguran que el derecho a abortar está garantizado en todos los hospitales públicos de las Islas. De hecho, los datos sitúan a Balears como la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta, de 13,87 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, solo superada por Catalunya, con un 14,89. Una tasa que se mantiene prácticamente estática en relación con años anteriores, mientras que en la mayoría de comunidades sube ligeramente.
El año pasado se registraron en España 106.172 abortos voluntarios, lo que fija la tasa nacional en 12,36 por cada 1.000 mujeres en edad de concebir. Del total, 3.347 se produjeron en las Islas. Por edad, el grueso de las interrupciones se realizaron a mujeres de entre 25 y 29 años, seguidas de las de 20 a 24 años.
Negacionismo científico
El toque de atención del presidente se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP aprobara una iniciativa de Vox en la que se planteaba la obligación de informar a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto, un diagnóstico sin base científica. El PP del consistorio de la capital votó a favor de la moción aunque fue matizada un día después por el alcalde ‘popular’ José Luis Martínez Almeida, que indicó que la información que se dará a las mujeres que pretendan abortar no será obligatoria, sino voluntaria y que «no la va a determinar Vox» sino «los profesionales» del ayuntamiento. Ante esto, Sánchez denunció que este asunto se instrumentaliza en muchas autonomías y que el Gobierno «va a ser garante, una vez más, de que este derecho se preserve».
Pero esto no salió a concurso el año pasado o hace 2?