El Govern balear ha pagado al menos 1,3 millones de euros a titulares de renta social garantizada (Resoga) que no cumplían los requisitos para recibir esta prestación, dirigida a cubrir situaciones de especial vulnerabilidad social. A ello se suman miles de expedientes todavía pendientes de revisar y que podrían elevar la cantidad final a casi 2,5 millones de euros, según las estimaciones de la Conselleria de Famílies i Benestar Social. El departamento ya ha iniciado los trámites para solicitar el reintegro en centenares de casos y extinguido la prestación en más de 2.000 expedientes.
La Conselleria empezó hace dos años el examen del sistema de control de la Resoga junto a una revisión extraordinaria de casos sospechosos. La anterior consellera de Afers Socials, Catalina Cirer, desveló a principios de 2024 que habían detectado posibles irregularidades, como beneficiarios que cobraban la renta social mientras trabajaban o percibían otros ingresos incompatibles. Se encargó una auditoría interna, que ha corroborado múltiples deficiencias en los sistemas de gestión y control, recogidas en un informe al que ha tenido acceso Última Hora.
Entre esos fallos, la auditoría destaca que la herramienta informática que utiliza la Conselleria es manifiestamente mejorable. Advierte de que no se realizan comprobaciones sistemáticas no sólo de que los beneficiarios cumplen los requisitos en el momento de concederse la prestación, sino de que los mantienen con posterioridad.
Esa aplicación ha tenido dos versiones. La primera, Resoga16, y una segunda más moderna, Resoga20. Para ambas se hicieron dos cruces de datos con la Seguridad Social, lo que permitió detectar altas laborales y el cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de pensiones y otras prestaciones. Estos emparejamientos de registros conllevaron la suspensión masiva de miles de expedientes: 2.380 en diciembre de 2022 (de Resoga16) y 4.570 en junio, julio y agosto de 2023 (de Resoga20). Otra de las irregularidades que señala el informe es que se suspendieran todos esos expedientes ‘de facto’, sin dictar las correspondientes resoluciones ni notificar a los afectados.
Apoyo externo
La Conselleria inició una revisión individualizada de todos estos expedientes. El equipo ya ha completado una primera parte (la de la base de datos del aplicativo Resoga16), en la que se han detectado cobros indebidos en 667 casos que suman un importe de unos 211.000 euros.
Así queda un segundo grupo de otros 4.057 expedientes (excluidos los ficheros que se solapaban con los del aplicativo antiguo); un volumen de trabajo tan desproporcionado para los medios de la Conselleria que esta ha decidido externalizar parte del trabajo. Una consultora privada se encargará de analizar cerca de 3.000 expedientes en los próximos meses y entregará sus conclusiones a la Conselleria. Este descargo de tareas deja a la administración otros 249 expedientes cuya revisión está en marcha (el importe del reintegro se sitúa en unos 124.000 euros) y 836 que ya ha completado, confirmando el pago irregular de otros 1,17 millones de euros.
Causas
Las causas por las que se suspenden todos estos expedientes son variadas. Hay circunstancias difíciles de detectar para las autoridades, como ausencias de Balears no comunicadas o ingresos no declarados procedentes de economía sumergida. No todo es mala fe: en muchos casos el beneficiario ni siquiera es consciente de estar incurriendo en ninguna irregularidad porque cree cumplir los requisitos. Recuerdan en la Conselleria que durante un periodo fue posible acceder a la prestación mediante una declaración responsable.
El informe de fiscalización tomó una muestra de 30 expedientes suspendidos para analizarlos en detalle. Aunque no es un volumen estadísticamente representativo, el informe sí lo considera relevante. La auditoría constató que en buena parte de estos ejemplos el beneficiario percibía otros ingresos (27 % de actividades laborales, 27 % del ingreso mínimo vital y 13 % de otras prestaciones), aunque el motivo mayoritario de suspensión es no asistir a las sesiones grupales para comprobar que se mantiene la residencia en Baleares (47 %).
El informe de fiscalización también reprocha a la Conselleria que no se haya aplicado el régimen sancionador (que podría significar multas para los infractores) y pone en duda que se haya utilizado correctamente un artículo de la ley que exime a los beneficiarios de tener que devolver cantidades (cuando los ingresos anuales de la unidad de convivencia no superan el 150 % de la prestación).
Los datos
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Cerca de 6.500 expedientes analizados
Esta revisión extraordinaria comporta el escrutinio de al menos 6.437 expedientes. Los casos con pagos irregulares se remontan hasta el año 2019, aunque hay ejemplos previos a esa fecha, pero puntuales.
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De 1,63 a 2,45 millones de euros de reintegro total
La Conselleria estima que el importe que se debe reintegrar a la administración oscila entre estas cifras. Si los titulares no se encargan de la devolución, el proceso pasa a vía ejecutiva a través de Hisenda.
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El informe advierte de una decena de irregularidades
La auditoría recopila una decena de irregularidades y propone medidas correctoras. Cuestiona la falta de comprobaciones sistemáticas, la disparidad de criterios y defectos de la aplicación informática.
Miris on miris, tot són guirisColonial te sens tú, jo som Espanyol de Mallorca. I me consider un privilejiat. Per viure a un país tan gran i a una illa tan preciosa. Llástima del que comanda i dels que li tapen els cristos.