La sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) descarta suspender el decreto autonómico que prohíbe a los propietarios de embarcaciones de uso particular alquilarlas turísticamente hasta tres meses al año. Es lo que se conoce como el ‘Airbnb náutico’, una práctica que ha legalizado el Gobierno central y a la que se opone firmemente el Govern balear.
El TSJB desestima así aplicar la medida cautelar que había solicitado la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de la Lista Séptima, cuando interpuso un recurso contencioso contra el decreto 44/2025 del 1 de agosto del Govern balear que en su artículo 3.3. prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones de uso privado que tengan autorizado un cambio temporal de su uso de privado a comercial. Este cambio de uso, autorizable por Marina Mercante (organismo dependiente del Gobierno central) legaliza el alquiler temporal de embarcaciones de uso privado en toda España.
La Sala prioriza el «potente interés público» de la normativa autonómica y decide no suspenderla cautelarmente por dos motivos. De una parte argumenta que para aplicar una suspensión de estas características es preciso que la norma impugnada haya sido previamente declarada nula o que los actos que se impugnan sean idénticos a otros que ya fueron jurisdicionalmente anulados.
También tiene en cuenta que el único perjuicio que la no suspensión de la normativa autonómica puede ocasionar a los demandantes es el económico, por la pérdida de la posibilidad de comerciar temporalmente sus barcas, perjuicio que puede ser subsanado con indemnizaciones si cuando se analice el fondo del recurso los tribunales tumban la prohibición de arrendarlas.
«En todo caso los perjuicios son insuficientes para contrarrestar el potente interés público ligado a la inmediata ejecución de cualquier disposición de carácter general», concluye el auto fechado el pasado 8 de enero.
La no aceptación de la medida cautelar no implica el cierre de la vía judicial. El TSJB no ha entrado a valorar aún el fondo del recurso que seguirá su curso habitual.
Cabe recordar que el Govern aprobó en agosto el decreto de la náutica balear con el claro objetivo de impedir la legalización del llamado Airbnb náutico en Baleares. La asociación de propietarios no es la única que le ha llevado a los tribunales por esta medida. El propio Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica alegando que invade sus competencias. También le ha denunciado listaseptima.com, la principal página comercializadora del Airbnb náutico.
Tanto el director general de Ports i Transport Marítim de la Conselleria de la Mar, Toni Mercant, como la patronal del chárter náutico en Baleares defienden la prohibición autonómica por el impacto que el Airbnb náutico tendrá sobre la seguridad marítima en las Islas y sobre el medio ambiente.
El Govern avisa además a los propietarios de embarcaciones de la lista séptima que sean titulares de amarres en los puertos públicos de Baleares, de que perderán el derecho de amarre si comercializan sus barcas temporalmente con fines turísticos.
Todas las embarcaciones que se alquilen con fines turísticos en las Islas tienen la obligación de disponer de un lugar adecuado para el embarque para el pasaje.
Fuentes de la dirección general valoran positivamente el auto del TSJB que rechaza la suspensión cautelar de su normativa pero muestran prudencia. «Este auto se refiere únicamente a la solicitud de medidas cautelares y no entra a valorar el fondo del decreto. Desde el Govern mantenemos una actitud de prudencia y respeto al proceso judicial, a la espera de que los tribunales analicen con detalle las reclamaciones que siguen en curso», afirman.
Consciente del recorrido de las denuncias aún pendientes de resolver matiza que ‹desde el Govern, en ningún caso se exige un amarre base para ejercer el chárter, sino que la normativa establece la necesidad de contar con un lugar autorizado desde el que ejercer el arrendamiento náutico, con el objetivo de ordenar la actividad y garantizar un uso responsable del litoral balear».
s'Airbnb nàutic seria un atac contra la protecció costera i marina, es ciutadans no votam això