El Govern ya ha iniciado los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores de conciencia al aborto exigido por la Ley de 2023. Un instrumento que la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, se negó a crear, posición que le ha valido una denuncia del Ministerio de Sanidad ante los tribunales.
A diferencia del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en Baleares la Conselleria de Salud comunicó desde el primer momento que crearía este registro oficial por tratarse de una obligación legal. No obstante, el retraso en su puesta en marcha hizo que el Ministerio incluyera a las Islas en un requerimiento formal a las Comunidades que todavía no disponen del listado. Otras regiones en la misma situación eran Aragón, que también se comprometió a crearlo; y Asturias, que tiene un censo que ya está funcionando.
De momento el Govern de Marga Prohens ha sacado a información pública un borrador de este registro, que admite aportaciones hasta el 24 de febrero. Los profesionales sanitarios que por razones de conciencia no quieran practicar abortos deberán inscribirse previamente para poder ejercer el derecho de objeción. No se limita a ginecólogos y obstetras sino que también incluirá a anestesistas, enfermeras y medicina general; perfiles que, sólo en la pública, suman casi 7.000 profesionales en las Islas, según datos del IB-Salut.
Una vez inscrita, la objeción de conciencia tendrá carácter indefinido, aunque puede ser modificada o revocada en cualquier momento. En el registro se incluirán nombre y apellidos, DNI, número de colegiado y otros datos. Se tendrán que hacer constar los supuestos respecto a los que se manifiesta la objeción de conciencia.
El registro tendrá carácter confidencial, pero podrán acceder a él los responsables de centros sanitarios públicos y privados en los que se practiquen abortos (directores de centros, direcciones médicas y de enfermería), aunque sólo respecto a las personas que dependan de su centro.
«Lista negra»
La presidenta madrileña se negó a crear este registro por considerarlo una «lista negra» de médicos: «No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo», dijo Ayuso. En Baleares, Vox se ha manifestado en la misma línea.
En el Parlament, ante las reivindicaciones de los antiguos socios de investidura, y del PSIB, la consellera de Salud, Manuela García, se mantuvo en un tono institucional recordando los preceptos legales. Se comprometió a que los listados no se entregarán al Ministerio.
manu menorcaManu, tranquilo, en breve tendremos de nuevo en España la figura del verdugo, te podrás presentar al puesto ya que te parece tan fácil matar a alguien, tanto que incluso dices que el médico está para ello para facilitar la muerte...