El conseller de Turismo, Cultura y Deportes de las Illes Balears, Jaume Bauzà, mostró el martes en la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid, el rechazo de las Islas al Decreto sobre el registro único de alquiler turístico. Bauzà criticó que esta normativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, supone una clara «invasión de competencias» y un fiasco administrativo que perjudica directamente al tejido económico balear.
Así mismo, Bauzà censuró que sea el Ministerio de Vivienda quien lidere una regulación que afecta directamente a la actividad turística, competencia exclusiva de las Islas. El conseller trasladó la preocupación por la aparición de un «doble registro» que genera confusión e inseguridad jurídica. «No podemos permitir que viviendas que están perfectamente inscritas y legales en nuestros registros autonómicos queden ahora en un limbo porque el registro de la propiedad decida no inscribirlas», advirtió.
El conseller reprochó al Estado que el nuevo sistema traslade la responsabilidad a los registradores de la propiedad, creando un cuello de botella que está expulsando del mercado a pequeños propietarios y familias que cumplen la ley desde hace años. «Se penaliza a quien hace el trabajo bien hecho y se protege al ilegal, que sigue operando sin ningún control», señaló. Para el conseller, la solución no pasa por «parches legislativos», sino por respetar la tarea inspectora de las Comunidades Autónomas, que en el caso de las Illes Balears recae en los Consells insulares.
Además de esta cuestión, durante la Conferencia Sectorial el Ministerio se acordó que las Comunidades Autónomas dispongan hasta el 31 de marzo de 2027 para presentar la justificación administrativa de las subvenciones correspondientes a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD). Esta medida supone un alivio, ya que permite que, una vez finalizadas las obras en junio de 2026, el Govern dispondrá de nueve meses adicionales para revisar, subsanar y agregar toda la documentación de las entidades locales antes de remitirla a la Secretaría de Estado.
Bauzà calificó esta medida como un «balón de oxígeno necesario» para la administración, ya que permitirá disponer de tiempo suficiente para revisar y agregar las justificaciones de las entidades locales tras el cierre de los hitos de ejecución. No obstante, recordó que esta solución llega tarde y es fruto de la presión de los territorios ante «el inmovilismo del Ministerio durante los últimos dos años».
la gente que lo ha hecho todo legal, es la que tiene mas papaleo i asuntos burocraticos i problemas ,,,REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ATIB, HACIENDA NACIONAL, CONSELL, ETC.... esto del conseller tiene todo la razon... mas de lo mismo que ya se hizo... esto fomenta que mucha gente, o alquile ilegal, o deje de alquilar ,,, una auntetica aberracion tanto tonteria con los papeles y siempre una cosa encima de otra que es lo mismo