El Govern espera poder aprobar con Vox nuevas medidas de simplificación administrativa a través del último decreto validado en el Parlament, que se está tramitando como proyecto de ley. El plazo de presentación de enmiendas al texto (el decreto de aceleración de inversiones estratégicas) está de momento abierto hasta el 23 de febrero.
Entre esas enmiendas que los de Prohens confían en incorporar está la deducción fiscal para los caseros que no suban el alquiler por encima del IPC, pero el PP cuenta con insertar más cuestiones, según ha podido saber Última Hora. El Govern no confirma cuáles y en Vox sólo indican que hay negociaciones «todavía incipientes» y nada cerrado, y no dan pistas sobre el contenido.
Con todo, es evidente que para el Ejecutivo autonómico esta tramitación sería la forma más ágil de dar salida a propuestas que anunció hace ya casi un año y que parecían haberse quedado en un cajón; sobre todo en un escenario en el que apenas le queda un año de legislatura.
En marzo de 2025 el conseller de Hisenda, Antoni Costa, informó de la redacción de un anteproyecto de ley de simplificación administrativa y liberalización económica. Allí es donde el conseller habló de poner una «alfombra roja» a las inversiones, pero finalmente recurrió a un decreto para acelerar ese tipo de proyectos. En aquel momento sus relaciones con Vox ya atravesaban dificultades (y estaban inmersos en la negociación de los presupuestos de 2025) y estas medidas de simplificación administrativa quedaron aparcadas. Pero el Govern ya advertía que no tirarían la toalla.
Anteproyecto
En aquella rueda de prensa sobre el anteproyecto hace casi un año, Costa incidió en tres ejes clave, empezando por potenciar más las declaraciones responsables para agilizar procedimientos «que ahora son eternos». También habló de «retroceder en intervencionismo» suprimiendo para las empresas todas aquellas obligaciones e imposiciones legales «que no sean estrictamente necesarias», un problema burocrácito que, aseguró, perjudica especialmente a autónomos y pymes.
Por último, el vicepresidente defendió que es necesario poner orden en distintas normativas autonómicas porque ha pasado ya una década desde la última racionalización. Como ejemplo citó el ecosistema jurídico turístico, en el que además de la propia Ley de Turismo conviven multitud de decretos dispersos. Es una cuestión de «dar seguridad jurídica» y facilitar la comprensión de las leyes.
StrangerPues muy agradecido por su buena opinión, siempre reconforta. Siempre intento, acierte o no, sopesar los pros y los contras, las distintas opciones, sobre un tema, y dar mi opinión sincera, sagun mi leal saber y entender Cordial saludo.