Baleares ya tiene bajo su cargo a los cuatro menores extranjeros no acompañados asignados desde Canarias «por imperativo legal». Así lo ha comunicado el Ejecutivo después de que los tribunales hayan denegado sus pretensiones de anular o al menos paralizar temporalmente los traslados. El Govern trató de impedir la reubicación pero sin una suspensión cautelar, se ve obligado a ejecutar la medida. El proceso sigue hasta que haya una sentencia definitiva porque el equipo de Marga Prohens asegura que sostendrá las demandas recurriendo ante instancias superiores.
Se da la circunstancia de que uno de estos menores cumplió los 18 años el pasado 1 de enero, otro argumento que el Govern esgrimió en su defensa. Baleares impugnó cada uno de los expedientes ante la Delegación del Gobierno en Canarias además de recurrir la propia normativa que regula estos traslados de menores y la negativa del Estado a declarar la contingencia migratoria (que la eximiría de tener que acoger menores de otros territorios).
Según ha indicado el Govern, los tribunales han rechazado aplicar medidas cautelaras (es decir, suspender con carácter temporal la efectividad de la orden de traslado) considerando que no tiene efectos irreversibles. Las autoridades locales han reclamado ejecutar las resoluciones «con advertencia de activar la Fiscalía si no se atendía el traslado».
En estos momentos, los servicios de tutela de Baleares tienen acogidos 688 menores no acompañados, que suponen una sobreocupación de prácticamente el 1.000% de las plazas ordinarias previstas, según el Govern, y 282 más que la capacidad de acogida fijada por el Estado (que Baleares ya entendía inflada).
Al tratarse de menores, el Govern ha incidido en que no facilitará ninguna otra información sobre el traslado ni a la ubicación de los menores (ni siquiera a qué isla han ido) «con el fin de salvaguardar el derecho a la intimidad, el anonimato y el interés superior del menor». En esa línea ha hecho un llamamiento al «rigor profesional» de la prensa.
Cabe recordar que en julio de 2024 Vox anunció la ruptura de su pacto con Prohens por la aceptación de estos menores.
Hagamos números. Según datos oficiales ofrecidos en el Parlament Balear durante un reciente debate sobre el problema con la inmigración ilegal, cada uno de los MENA que tenemos instalados en nuestro archipiélago, cuesta al erario público una media (entre las cuatro islas) de 8.675 euros mensuales. Si multiplicamos esta elevada cantidad por los 12 meses del año y por los 700 MENA que aproximadamente hay actualmente en nuestra Comunidad Autónoma, nos da la escalofriante cifra de 73.000.000 de euros. ¡¡SETENTA Y TRES MILLONES DE EUROS!! Imaginemos cuantas viviendas sociales se podrían construir CADA AÑO con ese montón de dinero. O cuántos médicos se podrían contratar en el Ibsalut. O cuántas escuelas, guarderías, centros de salud, etc.etc.... Pues ahí lo tenéis, amigos. España despilfarrando el dinero y el esfuerzo de los contribuyentes en mantener extranjeros de otros países, muchos de los cuales o la mayoría, provienen de un lugar donde tienen un reyezuelo déspota que posee más de una docena de palacios reales repletos de riquezas y que además se permite el gusto de vivir a todo lujo en un fabuloso palacete en la zona más cara y exclusiva de París con 140 personas a su exclusivo servicio.