El PP y PSIB han cerrado un acuerdo para incorporar a la ley ómnibus cambios en la normativa sobre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC). El conseller de Movilidad, José Luis Mateo, y el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, se han reunido en el Parlament con las patronales para abordar las enmiendas, que en síntesis pretenden «blindar al sector del taxi y los VTC tradicionales» frente a grandes plataformas como Uber.
La principal inquietud en el sector son las más de 10.000 licencias de VTC solicitadas en Baleares; cuando se agotaba la moratoria el Govern definió parámetros medioambientales y de carga para ponerles coto, pero en un reglamento sin rango de ley, y ahora se refuerza la normativa autonómica, que se desprende de terminología estatal. El detalle es importante puesto que todo apunta a que el criterio interpretativo será la principal baza para denegar la avalancha de autorizaciones: son estatales pero en Baleares es materialmente imposible prestar servicio entre autonomías, y no hay carreteras estatales.
Es una lectura que llevaban tiempo defendiendo los taxistas: «Es evidente que no pueden hacer transporte al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre Comunidades. Como hace Canarias, el transporte que transcurre dentro de las islas debe ser potestad absoluta de la Comunidad Autónoma», dijo ayer Biel Moragues, presidente de los taxistas de Pimem. El conseller Mateo, por su parte, reconoció que sin una autorización urbana o entre municipios «posiblemente no puedan prestarse servicios en nuestras islas».
El ámbito de las autorizaciones también cobra relevancia en el control a las plataformas: se regulan las empresas de intermediación y estas quedarán obligadas a comprobar que los servicios que realice cada coche estén amparados por una autorización acorde, y podrán ser penalizadas si incumplen.
En ese sentido, el nuevo texto endurece las sanciones a los VTC que presten servicios sin autorización (por ejemplo, servicios interurbanos si sólo tienen permiso para servicios urbanos) y por captar clientes en la vía pública. Se sancionarán con multas de 6.000 a 12.000 euros, cuando el rango anterior era de 1.000 a 6.000 euros. También se introducen medidas contra el intrusismo de buses y minibuses no precontratados.
Permiso insular
Otro cambio muy relevante es la creación de un permiso insular de taxista; hasta ahora sólo existían los municipales. Cada ayuntamiento decidirá si se adhiere o no. El presidente de la Agrupació Empresarial d’Autotaxi de Balears, Antoni Bauzá, reiteró los recelos de sus asociados al área de prestación conjunta: «Queremos que nos especifiquen de qué forma será, no debe ser un cheque en blanco. No puede ser como Madrid, Barcelona o Valencia, que prácticamente la temporada alta es todo el año».
La ley no altera en sí el reglamento recién aprobado, contra el que ya constan varios recursos. La Agrupación de Autotaxis, insatisfecha por reivindicaciones no atendidas, posiblemente se sume con un contencioso.
Para quitar libertad a los usuarios si que se ponen de acuerdo los 2 partidos más corruptos del país