Eliminar cualquier traba al alojamiento turístico en el campo es una de las más de cuarenta propuestas que la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias (Agrame) ha trasladado a los partidos políticos para que las tengan en cuenta en sus programas electorales de cara a la cita con las urnas el 28 de mayo. La patronal, integrada en la federación PIME Menorca, reclama que se suprima la moratoria que prohíbe crear nuevas plazas turísticas en Balears y apuesta por abrir el campo a cualquier fórmula de alojamiento para que este tenga una fuente de ingresos y de conservación. Permitir esta actividad, señala la asociacion, es una manera de recuperar instalaciones y de ayudar al mantenimiento de la actividad agraria. El planteamiento de Agrame es que ninguna de las tipologías, agroestancias, agroturismos, hoteles rurales e incluso viviendas vacacionales, lo que se conoce como el alquiler turístico, quede descartada para las explotaciones agrícolas.
Dicha reivindicación se incluye en un documento de más de cuarenta propuestas que Agrame dirige a los partidos políticos y que clasifica como autonómicas, insulares y municipales, aunque muchas de ellas, matiza en un comunicado, están interrelacionadas y deben tenerse en cuenta en los tres ámbitos de gestión, «independientemente de quien tenga las competencias». La asociación cumple así el mandato de su asamblea general de socios, que en su última reunión acordó elaborar esta batería de propuestas y preocupaciones del sector agrícola y ganadero menorquín y remitirlas a las formaciones que concurren a las elecciones.
Agrame pone sobre la mesa la necesidad de determinar qué peso se quiere para la agricultura y la ganadería en el Producto Interior Bruto (PIB) balear, y qué medidas deben tomarse para conseguir realmente la soberanía alimentaria en las Islas.
Los empresarios solicitan a los políticos una estrategia concreta para su sector, que se tomen medidas para asegurar el relevo generacional y compensar la doble insularidad, así como disponer de una renta agraria «digna», cubriendo los costes de producción y obteniendo rentabilidad de su trabajo y de sus fincas. Para ello reivindican al mismo tiempo poder «ser partícipes de los beneficios económicos del sector turístico de forma directa o indirecta».