Tras un intenso debate en un Salón Gótico helado y con copos de nieve cayendo al otro lado de las ventanas, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella aprobó ayer un plan plurianual para pagar las expropiaciones de Santa Rita en seis años. Una propuesta que PSOE, PSM y UPCM defendieron como la más "aseñada", mientras que PP y Grupo Mixto la definieron como el fruto de una mala gestión en esta materia.
Tras aceptar parcialmente el recurso presentado por Carlos Dubón y avanzado en su día por este periódico, y admitir que a día de hoy el Consistorio no puede pagar de golpe todas las expropiaciones (valoradas en principio en 2.496.599 euros) el Consistorio ha presupuestado para este año 647.812 euros, y del 2011 al 2015 se pagarán 369.757 euros anuales. En los pagos se priorizarán aquellos terrenos que ya están ocupados, aunque la cantidad prevista no incluye los intereses a los que deberá hacer frente el Consistorio por el retraso en los pagos.
Esta es la propuesta que salió aprobada, y que sirvió para reproducir de nuevo el debate sobre el precio al que se tienen que pagar las expropiaciones y la gestión de las mismas. Así, el equipo de gobierno ha adoptado como precio base de la expropiación los 60 euros por metro cuadrado que en su día propuso el Partido Popular cuando gobernaba conjuntamente con el PMQ. Un precio que a su vez fue criticado por el propio equipo de gobierno, al entender que se fijó en 2006 sin ningún estudio económico que lo avalara. "En ese momento, ustedes multiplicaron por seis el coste de los terrenos de Santa Rita, pasando de los 400.000 euros que hubieran costado de aplicarse el precio que nosotros habíamos propuesto, a los casi dos millones y medio, intereses a parte, que deberemos abonar ahora", aseguró la concejal de Hacienda, Joana Gomila. De hecho, la edil nacionalista aseguró que "si hubiéramos gobernado nosotros, habríamos pagado 11 euros el metro cuadrado".
El Partido Popular mostró su oposición a la propuesta del equipo de gobierno en base a cuatro puntos: "No está aceptada por todos los propietarios; supondrá un coste de 900.000 euros en concepto de intereses, el triple que si no se pagara en seis años; no permitirá que se ocupen los terrenos hasta dentro de seis años; y no cierra el caso, que sigue vivo en los tribunales", defendió la concejal del PP Antònia Gener. Por eso, los conservadores propusieron aceptar las condiciones de uno de los propietarios, dispuesto, según el PP, a aceptar los 60 euros por metro cuadrado a cambio de ceder en el mismo momento del pago de la totalidad los terrenos. Esta iniciativa fue tildada por parte del equipo de gobierno de injusta y desigual para los propietarios.
La portavoz del Grupo Mixto, Antònia Salord, acusó al equipo de gobierno de "tirar el dinero de todos" al proponer un plan plurianual que supondrá, según sus cálculos, el pago de un mínimo de 155.000 euros anuales en intereses. Por ello, propuso al equipo de gobierno a que utilice patrimonio municipal (terrenos) para abonar el coste de Santa Rita. Una propuesta a la que contestó el concejal de UPCM, Joan Triay, asegurando que "si se hubiera gestionado bien la permuta del Hort den Llinyà ahora habría patrimonio suficiente para pagar hasta el último euro de Santa Rita".
Otro de los motivos de discusión de la noche fue el millón de euros que el equipo de gobierno había anunciado como presupuestado durante el año pasado para hacer frente a las expropiaciones. Una cantidad que debía pasarse en su totalidad a las cuentas de 2010, pero que se ha convertido en 647.000 euros, algo muy criticado por la oposición. En este sentido, Joana Gomila explicó que el millón de euros que se había presupuestado en 2010 estaba formado por 600.000 euros procedentes de un crédito, y el resto de venta de patrimonio. Finalmente, sólo se consiguió alienar patrimonio por valor de 47.000 euros, lo que explica la conversión de la partida presupuestaria.
Para el PP esta explicación no fue suficiente, y acusó al equipo de gobierno de "engañar a los ciudadanos y a los propietarios, asegurando tener un dinero del que realmente no disponían".
De nuevo con los turnos
El pleno de ayer comenzó con la intervención de la alcaldesa explicando que se habían acotado los turnos de intervención. Después, casi todo siguió igual, si bien la alcaldesa iba apuntando al final de cada intervención la duración de la misma. No obstante, en el debate tenso sobre Santa Rita, la alcaldesa advirtió a las concejalas Antònia Gener y Antònia Salord "por interrumpir cuando los otros hablan". La cosa se quedó en eso, en una advertencia, en un pleno que volvió a prolongarse, pese a las limitaciones de tiempo, más allá de las tres horas.
Unanimidad para remitir las conclusiones de CITUR a la Fiscalía
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Ciutadella aprobaron ayer remitir a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación de CITUR, que sacó a la luz presuntas irregularidades en la gestión del anterior concejal de Turismo, Gabriel Cardona. El presidente de la comisión, Joan Triay, aseguró que el trabajo de esta comisión "ha desvelado presuntos tratos de favor hacia la empresa SAB, indicios de prevaricación y otras irregularidades".
Por su parte, el Grupo Mixto (del que forma parte Gabriel Cardona) apoyó la remisión de las conclusiones a la Fiscalía, pero denunció lo que, en su opinión, ha sido "un ensañamiento contra la persona de Gabriel Cardona, acompañado de una campaña mediática perfectamente orquestada en la que muchas veces se ha olvidado la presunción de inocencia", aseguró Antònia Salord. De hecho, la propia concejal manifestó su "alegría por el hecho de que ahora serán personas competentes las que evaluarán el caso, y no como ahora, que se ha hecho de manera torpe". Joan Triay respondió a Salord asegurando que "la persecución la ha padecido el pueblo, a quien le han malversado su dinero por parte de una persona que ha actuado como un escorpión picando a la ciudadanía". Los 62 folios de las conclusiones, 51 en total, serán remitidos ahora a la Fiscalía, donde ya están otras conclusiones de otra comisión de investigación de Ciutadella, la del caso Nerer, de la que aún no hay noticias.
A pesar de que la votación se saldó con unanimidad de todos los partidos, el procedimiento para llevarla a cabo generó de nuevo una polémica entre equipo de gobierno y Grupo mixto, que se saldó con dos intervenciones de la secretaria para intentar aclarar la situación.