"No aceptamos acusaciones de negligencia ni de dejadez, hemos sido escrupulosos en la aplicación de la ley y pedimos al PP que no contamine el expediente". Así respondió ayer la consellera de Cooperación Local, Susana Gomila, a las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular en el Consell, Juana Francis Pons Vila, quien exigió responsabilidades políticas por haber dejado caducar el expediente sancionador de la fiesta Flower Power, celebrada en agosto de 2007 en La Mola y en la que dos jóvenes resultaron heridos de gravedad. Dicho expediente de sanción sigue su curso, en contra de lo manifestado por la consellera del PP y según subrayó ayer Gomila.
El equipo de gobierno emitió además un comunicado en el que se señala que la infracción no ha prescrito, "el expediente sancionador se ha iniciado correctamente y, por lo tanto, no ha caducado". El procedimiento se abrió contra dos empresas, la concesionaria de las instalaciones, Cordial Hotels, y la organizadora del evento, Onrus Broderic, y el Consell comunicó a ambas el 10 de agosto de 2009, tres días después de la apertura del expediente, que éste se había iniciado al considerar que en la organización de la macrofiesta había existido una infracción grave, ya que no contaba con los permisos pertinentes.
"El procedimiento no ha prescrito ni mucho menos caducado, tenemos un año entero para que finalice la instrucción y resolver", afirmó la consellera, al tiempo que emplazó a la oposición a "dejar que se realice este trabajo". Las partes afectadas, las dos firmas incluidas en el expediente, han presentado sus alegaciones, que deberán ser contestadas antes del próximo 7 de agosto.
La razón por la que el Consell aguardó a iniciar el proceso de sanción (entre noviembre de 2007, cuando finalizaron las diligencias previas, y agosto de 2009, cuando se abrió el expediente) fue que, en paralelo, se hallaba abierta una causa penal que finalmente fue archivada. Las diligencias previas concluyeron que había motivos que justificaban la apertura del expediente sancionador, debido a una infracción grave, pero en aplicación del principio jurídico "non bis in idem" (no dos veces por lo mismo), se tuvo que esperar a la resolución del caso por la vía penal para continuar con la vía administrativa.