La obra que la compañía Prisoles Mediterráneo ejecuta desde hace meses en la esquina del Paseo San Nicolás con la Plaza Farragut –un edificio de 166 pisos, con parking subterráneo y piscinas, en el solar que ocupaba antiguamente el Hotel Esmeralda- no deja de dar noticias. Ayer, los vecinos de la zona remitieron un escrito al Colegio de Arquitectos de Baleares (COAIB) en el que piden a esta institución que actúe contra el arquitecto del Ayuntamiento de Ciutadella, Miquel Sintes Coll, y contra el técnico redactor, Fernando Pons Vidal, al sospechar que "pueden haber incurrido en unas faltas deontológicas graves", en relación con la tramitación del proyecto.
En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, los residentes aseguran que el redactor del proyecto, Fernando Pons Vidal, "es corresponsable de las ilegalidades cometidas, porque su obligación –señalan- es conocer el Plan General", y recuerdan que "la labor del arquitecto que informa los proyectos", Miquel Sintes, es "velar para que se cumplan todos y cada uno de los parámetros del planeamiento vigente".
Los vecinos detallan, a continuación, las supuestas "irregularidades" atribuidas a los técnicos. Recuerdan, por un lado, que Miquel Sintes informó el proyecto en tan sólo 15 días, lo que, a su juicio, "representa un claro trato de favor a la sociedad mercantil Prisoles". Sobre Pons, aseguran que "falseó" la superficie del solar "para conseguir más edificabilidad". A este respecto, explican que el solar tiene, en realidad, 9.729,24 metros cuadrados, y no los 9.900 que figuran en el proyecto. "El haber falseado dicha superficie –insisten- ha permitido a la promotora conseguir 341,52 metros cuadrados de más". La cosa no acabó aquí, ya que el arquitecto municipal, Miquel Sintes, "admitió, sin comprobarlo, este exceso de edificabilidad".
Sobreedificación
Una de las principales irregularidades se atribuyen, en el escrito, a Pons, quien presentó un proyecto que incumplía, "de forma exagerada", el artículo 73 del Plan General de Ciutadella. Dicho artículo establece que la ocupación máxima del solar es del 50 por ciento y que las plantas sótano computan como ocupación. El proyecto presentado por el arquitecto tiene una planta de 7.573 metros cuadrados, por lo que existe un exceso de ocupación de 2.708,38 metros cuadrados, un 56 por ciento más de lo establecido.
También en este caso Miquel Sintes bendijo en su informe el exceso de ocupación de la planta sótano.
La planta bajo cubierta del edificio no ha escapado al punto de mira de los residentes, que insisten que el proyecto redactado por Fernando Pons incumple también el artículo 75 del planeamiento municipal. En él, se establece que los espacios bajo cubierta sólo podrán ser utilizables hasta un tercio de la superficie de la planta. Sin embargo, el proyecto alumbrado por el prolífico arquitecto ocupa aproximadamente la mitad de la superficie de la planta, lo que representa unos 570 metros cuadrados construidos de más en la planta bajo cubierta. Como en los casos anteriores, el arquitecto municipal no tuvo nada que objetar al respecto en su informe. Es por ello, y por "la cantidad y proporción de las irregularidades que contiene el proyecto" que los vecinos creen que "ha podido haber un acuerdo previo entre el arquitecto redactor del proyecto y el arquitecto que lo informó".
Los antecedentes en contra
Los antecedentes profesionales de uno y otro "no ayudan", según los vecinos, "a que pensemos que se trata de simples errores". En este sentido, recuerdan que Fernando Pons Vidal ya fue suspendido por seis meses del ejercicio profesional por el Colegio Oficial de Arquitectos por su implicación en el caso Vilarrubí. Sobre Miquel Sintes, afirman, citando "fuentes municipales", que ha informado otros proyectos en los que se incumplen también "claramente" los parámetros urbanísticos establecidos por el Plan General. Se trata, en concreto, de un proyecto en la calle Degollador que se excedía en dos viviendas y que superaba la profundidad edificable permitida.
Los vecinos colindantes con el solar del antiguo Hotel Eleycon recuerdan, además, lo ocurrido con un residente de la zona que denunció ante el Juzgado que las obras habían invadido parte de su propiedad. Explican que aunque la promotora se allanó, Pons, "sin pedir permiso, montó las placas para hormigonar la pared, que tuvo que retrasar dentro del terreno del vecino". Tal como se manifestó en el allanamiento, se debía reponer la pared de la vivienda afectada, acción que, a día de hoy, aún no se ha llevado a cabo.
"Podemos admitir –añaden los vecinos- que se pueden cometer equivocaciones, pero no admitimos que se cometan tantos y tan graves errores". Aseguran que los hechos denunciados "demuestran un incorrecto proceder, por no llamarlo corrupción, de los mencionados arquitectos". "Lo más lamentable –afirman, por último- es que, aparte de ir incomprensiblemente en contra del Plan General, las ilegalidades permitidas constituyen un perjuicio importante para los vecinos de la zona y el resto de la población, al congestionar una zona de claro valor paisajístico".