El acuerdo adoptado hace dos años por la junta de accionistas de Hormigones de disolver la compañía, que salió adelante gracias al voto mayoritario de Valeriano Allés, se tomó de forma ajustada a la legalidad. Así lo estima la Audiencia en un reciente fallo, que confirma el emitido en primera instancia. La decisión de la junta, que lleva fecha de abril de 2007, fue impugnada por Impresa ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma. Como ha reiterado ahora la Audiencia, la causa de la disolución "no es la existencia de un mal resultado económico" en Hormigones Isla Menor, "pues los dos socios indican que los resultados son positivos", sino "el estado de desavenencias entre socios y un motivo económico de inviabilidad de la sociedad al finalizar el contrato entre la demandada (Hormigones) y el socio mayoritario (Valeriano Allés Canet)", a quien se subcontrataron la gestión de oficina y otros servicios.
En su demanda inicial, Impresa insistía en las distintas vicisitudes habidas desde la constitución de la compañía en 1995 y de los distintos litigios entablados entre los dos socios de la entidad. Hacía especial incidencia en su discrepancia sobre su porcentaje de participación social, que considera superior, incluso, al de Valeriano Allés Canet SL, y es objeto de la demanda por falsedad. La sociedad administrada por Antoni Barber exponía cuatro motivos de oposición al acuerdo: infracción del derecho de información; no constancia del acuerdo tomado en el orden del día; posible concurrencia de las causas de disolución recogidas en el acta de la junta; y anulabilidad del acuerdo por lesión de los intereses sociales en beneficio de un socio o de terceros.
Acusaciones mutuas
de captación de clientes
Por lo que respecta al primero de estos motivos, que la Audiencia ha desestimado, Impresa argumentaba que se le habían denegado diversas informaciones, relativas a la identificación de los clientes de la empresa, y a los balances y cuentas de resultados a fechas de 31 de diciembre de 2006 y 31 de marzo de 2007. Valeriano Allés contestó que la única pretensión de Impresa era "hundir" la sociedad y posteriormente tratar de captar a sus clientes, al dedicarse, a través de otra sociedad –en alusión a Kentucky Develops–, a la venta de hormigón. La lectura, desde la óptica de Impresa, era justo la contraria: la sociedad "dominante" –Valeriano Allés Canet SL– tiene una estrategia de "ocultar la identidad de los clientes".
Rechazado el segundo motivo, en el sentido que Impresa sí tuvo, según el tribunal, pleno conocimiento del contenido del orden del día, el fallo de la Audiencia se pronuncia a continuación sobre el tercer motivo de discordia: si concurrieron o no, algunas causas objetivas que justificasen la disolución. Impresa argumentaba que Hormigones podía abastecerse de terceros proveedores o con contratos de servicios con otros operadores, e insistía en que el acuerdo de disolución era "el punto final de la apropiación del negocio" de Hormigones por parte de Valeriano Allés a través de una sociedad interpuesta (Hormigones Ciutadella SL)". Para Impresa no existía, pues, paralización de la actividad, "sino que lo pretendido es derivar la clientela" de Hormigones "y entregarla a una sociedad instrumental de la mayoritaria".
La "tenaza" de Impresa
Para Valeriano Allés, la situación distaba mucho de ser así. En realidad, era la socia minoritaria (Impresa) la que "efectúa una tenaza a la sociedad". Informaba sobre la aparición en el mercado de una nueva empresa con participación de Impresa para la venta de hormigón –Kentucky Developments SL–, de la que es administrador solidario Antoni Barber. El empresario de las canteras y actual Caixer Casat insistía que, en esta situación, resultaba "imposible" obtener beneficios y que existía una "paralización de los órganos sociales" a causa del enfrentamiento entre los dos socios, y que todo obedecía, en suma, a una "postura de obstrucción" de Impresa. El Juzgado de lo Mercantil dio la razón a Valeriano Allés y concluyó que era imposible realizar el fin social de la empresa, tras apreciar la existencia de "disensiones o diferencias irreconciliables" entre los dos socios. Éste es, también, el criterio de la Audiencia, que ha desoído nuevamente las argumentaciones de Impresa sobre la falta de "credibilidad" del informe de disolución. La sociedad de los hermanos Barber denunció en su día que el autor del informe era el propio asesor económico de Valeriano Allés en todas sus compañías, contra el que Impresa también se ha querellado.
Un informe,
dos opciones "inviables"
Según este informe, con un mercado pequeño y con clientes que en un 90% lo son de Ciutadella, sólo cabían dos opciones: montar una nueva infraestructura o acudir a otros proveedores. Ambas, de acuerdo con este dictamen, son negativas, "ya que la primera supondría un desembolso importante de dinero, en compra de terrenos, silos, maquinaria y un tiempo de dos años en los que se perderían los clientes habituales, o bien por que los proveedores son competidores de la entidad, aparte de hallarse a 35 kilómetros de Ciutadella, lo que encarece los costes". En base a este informe, y a ante la falta de alternativas "viables" aportadas por Impresa, la Audiencia ha concluido nuevamente la "inviabilidad económica" de Hormigones Isla Menor, "abocada a una próxima situación de concurso si la misma continuase, con pérdida total de su fondo de comercio".
Vínculos con sociedades
competidoras entre sí
La sentencia es clara: "La familia titular de la sociedad minoritaria –Antoni Barber– tiene participaciones en una entidad competidora de la sociedad que se trata de disolver, del mismo modo que la familia titular de la sociedad mayoritaria –Valeriano Allés– ha constituido una sociedad familiarmente vinculada con el mismo objeto social que la sociedad que se pretende disolver. Ello evidencia –atestigua el fallo– que ambos socios mantienen vínculos con sociedades competidoras entre sí con el mismo objeto social, titulares de canteras y dedicadas a la producción y distribución de hormigón". Todo ello "convierte en todavía más evidente –según el tribunal– la inviabilidad económica de la sociedad".
Impresa
y la "prueba diabólica"
Respecto al último motivo, la Audiencia insiste también, como antes lo hizo el Juzgado de lo Mercantil, que Impresa no ha probado que se haya producido un traspaso de empleados o clientes hacia una sociedad paralela de Valeriano Allés Canet, y que Industrial Menorquina de Prefabricados también tiene, de hecho, otras sociedades interpuestas "destinadas a un análogo objeto social que entran en directa competencia" con Hormigones Isla Menor. Impresa argumentaba que "la acreditación de transmisión de clientela o trabajadores es una prueba diabólica". La Audiencia, sin embargo, entiende también que "no obra prueba de la alegada cesión simulada de clientes y trabajadores de la entidad Hormigones Isla Menor SL a Valeriano Allés Canet SL u otra sociedad vinculada a dicha persona, como es Hormigones Ciutadella SL". Y concluye, en respuesta a Impresa: "Cabe reconocer que es una prueba difícil, pero en modo alguno diabólica o imposible". Por último, insiste que a ninguna de las dos empresas "realmente le interesa la continuación de una actividad que entra en competencia con sus intereses comerciales, y al mismo tiempo ambas desean hacerse con la clientela de la sociedad extinguida".