El sector agrario de Menorca se muestra muy crítico con el "oscurantismo" que rodea la negociación con el Govern para actualizar y ampliar las competencias de Agricultura que gestiona el Consell insular desde 1999. Menorca pretende gestionar directamente las empresas públicas SEMILLA, FOGAIBA e IBABSA que actualmente dependen del Ejecutivo autonómico, además de incrementar su capacidad reglamentaria en materia agraria y de gestión de recursos europeos, así como el pago de subvenciones.
De hecho, según avanzó ayer la consellera insular de Economía y Medio Ambiente, Antònia Allès, los empleados de SEMILLA (Servicios de Defensa Agraria) que trabajan en la Isla pasarán ya a depender del Consell el 1 de enero de 2011. "La idea es que posteriormente se sumen los del FOGAIBA y del IBABSA, en total alrededor de una veintena de trabajadores", señaló Allès. Al respecto, el conseller balear de presidencia, Albert Moragues, matizó que cualquier modificación en Menorca queda supeditada a los avances en las negociaciones que se llevan a cabo para el traspaso de las competencias de Agricultura a los consells de Mallorca y Eivissa.
Reunión con Moragues
Ante la falta de información sobre estas cuestiones, las organizaciones agrarias de Menorca han solicitado una reunión urgente con el conseller balear de Agricultura, Albert Moragues. Las asociaciones FAGME, AGRENA y AGRAME no sólo ven un error la reciente desaparición de la Conselleria balear de Agricultura con su integración en Presidencia, sino que advierten que Europa sólo reconoce como organismos pagadores de las subvenciones a las comunidades autónomas y no a los consells insulares. En las Islas, la empresa pública encargada de tramitar estas ayudas es precisamente el Fondo de Garantía Agraria (FOGAIBA). "No lo veo nada claro. Será un lío. Cada consell deberá tramitar con el Ministerio por separado y Europa no les reconoce", advirtió ayer el secretario general de FAGME, Pau Bosch.
Estas organizaciones agrarias también temen que el traspaso de competencias a los consells insulares dará origen a la aplicación de diferentes políticas en el sector y por tanto deferente trato y gestión del campo en función de cada isla. "El sector estará a expensas de la ideología de los políticos que gobiernen en cada lugar, cuando lo lógico sería aportar una visión global y consensuada del campo", señaló Bosch, y añadió: "Visto lo visto, el peso específico de la Agricultura para este gobierno es nulo, en cambio nos utilizan cuando les conviene para decir que somos los jardineros del territorio y medioambientalmente importantes. Estamos en situación crítica y no nos tienen en cuenta. Sabemos que han existido cambios en la dirección de FOGAIBA y SEMILLA pero oficialmente no nos dicen nada", resumió. En el mismo sentido se expresó Guillermo de Olives, responsable de AGRAME: "No nos informan y ni siquiera tenemos derecho al pataleo en los despachos, sino que debemos hacerlo a través de los medios. Si quieren eliminar la agricultura de las Islas, que lo digan", espetó.
Por su parte, el presidente de Unió de Pagesos, Manel Martí, se mostró a priori a favor del incremento de competencias del Consell, siempre y cuando vayan acompañadas de suficiente dotación económica. "Cuanto más cerca de casa se gestionen las cosas, mejor. El año pasado el Consell gestionó el reparto de las ayudas del PROAGRO y se pagó más rápido que en las otras islas", ejemplificó. No obstante, Martí reconoció que una gestión más cercana también podría tener sus desventajas al aplicar cada consell una política distinta, si bien aún es temprano para opinar al respecto. "No podemos adelantarnos. Está por ver lo que pasará", y coincidió con el resto de entidades agrarias en la falta de información que rodea las negociaciones entre Govern y Consell insular, y la falta de respuesta a la reunión urgente solicitada con Moragues.