La firme convicción de que la denuncia puede prosperar en la vía penal ha animado al GOB en Menorca a remitir a la Fiscalía de Medio Ambiente un informe para solicitar que actúe ante la muerte de una extensión de posidonia de entre 6.000 y10.000 metros cuadrados en una zona próxima a Cala Blanca como consecuencia de las obras de la desalinizadora.
"Creemos que el asunto puede salir adelante porque afecta a un hábitat considerado prioritario a nivel comunitario, porque la afectación es grande ya que ésta puede aumentar porque la bentonita, en contacto con el agua, mantiene su carácter viscoso con lo que cualquier temporal puede provocar que se desplace a otras áreas marinas", sostiene Miquel Camps.
Para el responsable de política territorial del GOB los hechos denunciados revisten especial gravedad por estar condicionada la ejecución de la desalinizadora al respeto de las praderas de posidonia. "Todos los organismos consultados sobre el proyecto apuntaron condicionantes en este sentido y la empresa encargada de los trabajos submarinos ha demostrado tener pocos escrúpulos al llevar a cabo los trabajos sin respetar las praderas pensando que nadie lo vería", criticó Camps. Asimismo, el responsable de la entidad ecologista corresponsabilizó a la Administración del daño.
"La desalinizadora, al igual que las obras del dique donde las condiciones tampoco se han cumplido, demuestra que es necesario que exista un órgano de vigilancia. Se ponen condicionantes pero si las empresas no cumplen nadie hace nada y cuando la sociedad civil levanta la voz las administraciones la ignoran o se pasan la pelota de una a otra", argumento el responsable del GOB, entidad que no ha recibido respuesta a sus escritos dirigidos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y a la Comisión Balear de Medio Ambiente.