El portavoz del Grupo Municipal de UPCM, Joan Triay, y el presidente de la Associació en Defensa de sa Propietat, Joan Pons Florit, exigieron este miércoles al Ayuntamiento que se afane en subsanar cuanto antes las "negligencias técnicas" cometidas durante el procedimiento instruido para devolver a las familias afectadas las cantidades que se les cobraron de forma indebida por la exhumación de restos cadavéricos.
Triay, que hizo constar su disgusto en la reunión de la Junta de Cementerios por la forma como el Consistorio ha realizado la devolución, lamentó que desde el Ayuntamiento "no se hayan hecho las cosas bien, a pesar de haber recurrido a un abogado externo para asesorarse sobre el procedimiento administrativo a seguir en este tipo de casos".
Las quejas de Triay no son gratuitas. Tal como informó "Es Diari" en su edición de ayer, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ha ordenado la retroacción del procedimiento administrativo al detectar que desde el Ayuntamiento se han omitido "trámites esenciales" en el proceso, produciendo "indefensión" en la concesionaria del servicio. Pese a no discutir el contenido de la sentencia, que es irrecurrible, el portavoz de Unió des Poble de Ciutadella aclaró que "en ningún caso la Sala Contenciosa afirma que el dinero no deba devolverse a los usuarios".
Sobre algunas de las afirmaciones contenidas en el fallo, en el sentido de que no se ha aportado al Juzgado "elemento probatorio" alguno "que permita dar certeza" las acusaciones sobre el cobro indebido de cantidades, Triay explicó que las apreciaciones del juez son comprensibles, "toda vez que desde el Ayuntamiento no se le ha adjuntado el expediente sancionador de la Conselleria de Salut, que es firme en vía administrativa".
El líder de UPCM añadió que el consistorio tampoco envió al juez la parte del contrato donde se dice que la empresa responderá de los perjuicios ocasionados a los usuarios por las posibles perturbaciones en el servicio, y que, en tales casos, el Ayuntamiento podrá descontar la cantidad correspondiente de la garantía. Tampoco se mandó al Juzgado, según Triay, la parte del contrato donde se hace constar que la empresa se somete a la normativa estatal, autonómica y local si queda acreditado que ha vulnerado los derechos de los usuarios.
Durante la reunión constitutiva de la Junta de Cementerios, celebrada este miércoles, el presidente de UPCM pidió que se hagan constar todos estos documentos en el nuevo procedimiento que debe iniciarse. También pidió que se acompañen al expediente que debe reenviarse al Consell Consultiu de les Illes Balears para que se pronuncie de forma definitiva sobre la revocación del servicio, junto a la sentencia del TSJB que obliga a la UTE a pagar 171.000 euros al Govern por 19 faltas graves en materia sanitaria.