De manera abierta lo plantea el GOB, Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, y es asumido implícitamente por la Comunidad Autónoma y el Consell. El control de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en el migjorn menorquín exigirá la contención de la cabaña ganadera y de la extensión dedicada al regadío.
La generalización de buenas prácticas en el campo, de las que el Contrato Agrario Reserva de Biosfera es exponente, no será suficiente a la vista de la vulnerabilidad de la unidad hidrogeológica 19.01 "Migjorn" de la que dependen Ciutadella y el sur de la Isla, reconocida esta misma semana en un decreto autonómico que, además de la delimitación de zonas vulnerables, establece un programa de control y seguimiento.
"Aunque con el CARB y el asesoramiento en análisis de tierras, se ha dado un primer paso, hay cosas que hacen mal. Por ejemplo, hay ayudas del Govern que siguen incentivando la ampliación de la cabaña ganadera de Menorca, lo que ha motivado que haya una serie de "llocs" que han intensificado mucho la actividad, hasta el punto que no pueden absorber los purines que generan", denuncia Miquel Camps.
Para el responsable de Política Territorial del GOB esta circunstancia es "un peligro potencial, sin sentido económica y ecológicamente" y se suma a otra ante la que la administración no está actuando, el consumo de agua por los regadíos existentes en tierras de secano. "Cuanta más agua consumimos más aumenta el peligro de contaminación de la que queda y para regadíos está saliendo tanta o más agua que la que necesitamos para el consumo de la población y de los turistas que nos visitan", argumenta Camps.
En este sentido, el dirigente del GOB valora positivamente la aprobación del decreto de zonas vulnerables -"que no descubre nada que no supiésemos y que hacía tiempo que reclamaba la Unión Europea", apuntó- por las consecuencias que puedan derivarse, como la desaparición de determinadas líneas de ayuda o el freno a algunos proyectos hasta ahora permitidos.
También en positivo se expresaba Antoni Rodríguez, director general de Recursos Hídricos del Govern. "Estábamos incumpliendo todos los términos y se cernía sobre nosotros una amenaza de expediente. Aunque desde la conselleria de Agricultura se había emitido una orden de buenas prácticas agrícolas, no se había completado la delimitación en la que la Unión Europea reclamaba que se incluyesen zonas como Menorca o Sóller donde existe riesgo de contaminación difusa por el tema agrícola", explicaba Rodríguez.
Para el director de Recursos Hídricos, con el nuevo decreto se intensificarán las medidas de control que determinen si los acuíferos mejoran o empeoran, así como las preventivas y correctoras. Algo que, según Rodríguez, deberá complementarse con una buena gestión agraria, que depende en buena medida, del conocimiento de los payeses de las necesidades de abono de la tierra. Por este motivo, la conselleria autonómica de Agricultura ha elaborado unos folletos informativos pendientes de distribuir, según explicó Rodríguez, quien alabó la iniciativa del CARB.
Por su parte, la directora insular de Agricultura, Economía y Pesca, Clara Fullana, aseguraba que el decreto no supone un cambio radical en la política del Consell.
"Nosotros venimos trabajando a través del CARB para promover la protección ambiental y el ahorro económico en explotaciones ganaderas y cultivos, aunque ahora con la nueva norma cosas que ya hacemos serán de obligado cumplimiento", subraya Fullana.
Fruto de este trabajo, es por ejemplo, el impulso a análisis de tierra para ajustar mejor los tratamientos fertilizantes. "En la zona ahora declarada como vulnerable, hemos tomado 92 muestras de suelo de unas 46 fincas, de las que se ha desprendido que en más del 85 por ciento, el nivel de nitrógeno y fertilización es adecuado a los parámetros", argumenta Fullana.
Por este motivo, la directora insular pone el acento en la gestión agraria. "Una carga ganadera baja por si sola no soluciona nada si no hay una gestión adecuada. En este sentido, gracias al CARB y a los análisis de suelo hemos podido corregir la gestión que iban haciendo algunas fincas sin tener una base técnica". Pese a ello, Fullana acaba alineándose con la tesis del GOB.
"Desde Europa se marcan unas exigencias en materia de contaminación por nitratos pero también en lo que a política agraria se refiere que apuntan a una menor carga ganadera y una mayor carga ambiental. Indiscutiblemente, nos encaminamos a un modelo similar al que promueve el CARB", concluyó Fullana.